Es una situación que está a la vista de todos y a la vez es algo sobre lo que no se reflexiona. Se trata de niños y jóvenes que quedan en el desamparo al perder a uno o más miembros de su familia a raíz de la pandemia de Covid-19, y que obliga a reconfigurar sus vidas. En el mejor de los casos, quedan bajo el cuidado de otros integrantes del clan familiar, como tíos, abuelos o padrinos.
Sin embargo, hay algunos que quedan sin soporte al carecer de otros familiares o incluso recibiendo el rechazo o indiferencia de éstos. En tales casos se supondría que correspondería al gobierno hacerse cargo de ellos a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero al ser consultado, este organismo manifiesta incluso carecer de un registro de los menores en orfandad, así como no contar hasta el momento con un programa específico para su atención, pese a la promesa tanto del jefe del Ejecutivo como de algunos gobernadores de que no se dejaría en el abandono a los menores que hubiesen perdido a uno o ambos padres por el Covid.
Las consecuencias de los distintos grados de afectación que puede traer este brusco giro en sus vidas pueden ir desde una baja en el rendimiento escolar, depresión, caer en adicciones, dejar los estudios para poder trabajar, o incluso ser atraídos a la delincuencia organizada o entrar a modos de subsistencia no deseables para menores de edad.
Si bien a nivel local hay algunos esfuerzos aislados como la beca Leona Vicario que se entrega en la Ciudad de México a los menores huérfanos, el monto económico es escaso y apenas constituye un débil paliativo a su crítica situación, además de que hasta ahí llega la ayuda, ya que no se atienden otro tipo de consecuencias y afectaciones que también les afligen y causan estragos en su salud mental y su estabilidad anímica.
Al indagar si a nivel estatal se tiene contemplado el caso de los huérfanos del Covid, la respuesta fue la misma: es un limbo en el que quienes caen son invisibles para el Estado mexicano, o que en el mejor de los escenarios, se les da algún tipo de apoyo con base en programas preexistentes, pero no con políticas públicas diseñadas específicamente para atender su situación particular, agravada no solo por la obvia carencia económica sino en especial por un duelo y la incertidumbre sobre su futuro que para ellos puede prolongarse indefinidamente.
Una vez más un sector verdaderamente vulnerable es justamente el que queda ignorado por el Estado.
