El Instituto Nacional Electoral estuvo expuesto en la última semana a una tormenta de presiones para avalar la candidatura de los aspirantes de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. Las críticas llegaron al extremo de pedir su “exterminio”.
Al cancelar las candidaturas de los dos aspirantes a gobernador, el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó lo que señala la ley. ¿Califica como atentado a la democracia? No. Por el contrario, en ambas ocasiones las resoluciones se tomaron de manera democrática. Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral expusieron sus argumentos de cara a la sociedad (vía redes sociales) en un debate civilizado. Las decisiones no fueron unánimes, fueron cerradas (6-5, el martes pasado) lo que evidencia la pluralidad que existe en el país. En ese sentido la función que desempeña el INE se cumplió: hacer valer la ley para que la cancha sea pareja en materia electoral. Sin embargo, los afectados y su partido político quieren hacer ver el dictamen del INE como un ataque a la democracia, y uno de ellos hasta lanzó amenazas veladas contra los consejeros del instituto, de las que después tuvo que desdecirse.
Las cancelaciones de candidaturas no conforman casos aislados ni inéditos en los que se niega a mexicanos su derecho a ser electos en comicios, o en los que se restrinja la actuación de las organizaciones políticas registradas o incluso que se desconozcan resultados de elecciones ya realizadas.
En la historia del sistema electoral mexicano se documentan diversas resoluciones que en su momento han sido igual de polémicas, como anulaciones de comicios, multas millonarias a partidos (tan solo en 2020, éstas sobrepasaron los 600 millones de pesos), negativa a registro de partidos —como el reciente contra México Libre— y sanciones diversas por faltas y delitos electorales de distinta gravedad.
Por ejemplo, en 2016, el INE determinó anular el registro de David Monreal Ávila y José Guillermo Fabela como candidatos de Morena a las gubernaturas de Zacatecas y Durango, respectivamente, por las mismas causas que ahora a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, aspirantes a los gobiernos de Guerrero y Michoacán; es decir, por no haber presentado informe de ingresos y gastos de precampaña.
En aquella ocasión, el Tribunal Federal revocó la decisión del INE por considerar que los candidatos sí cumplieron con el requisito, solo que de manera extemporánea.
Hoy abogar por otorgar el registro a los candidatos minimizando sus faltas y exigir la desaparición de instituciones que costó mucho crear y consolidar, desdice la seriedad de los actores de la democracia y pone en riesgo el sistema electoral. Pero es un capítulo que aún no se cierra.
