El riesgo de ejercer la profesión periodística no disminuye, se mantiene alto, como ha sido la constante en las últimas dos décadas. Ejemplo de ello son los tres asesinatos cometidos contra trabajadores de la prensa y la desaparición de otro, en apenas dos semanas.
La noche del jueves 29 de octubre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 11 impactos de bala terminaron con la vida de Arturo Alba Medina, periodista y conductor de un noticiero de televisión. Cuatro días después Jesús Alfonso Piñuelas fue asesinado en Cajeme, Sonora.
El 9 de noviembre Israel Vázquez Rangel perdió la vida en Salamanca, Guanajuato, cuando realizaba una cobertura informativa sobre el hallazgo de bolsas con restos humanos. Al llegar al sitio, le dispararon. Ante la indignación y reclamos de la comunidad periodística de la ciudad guanajuatense, la autoridad local culpó al reportero “por ir a las cinco o seis de la mañana a cubrir una nota a ese lugar que sabemos que es tan peligroso”.
No es la primera vez que ese tipo de acusaciones se escuchan desde diferentes niveles de gobierno. Ante la nula capacidad para contener hechos de violencia y para realizar investigaciones, se intenta colocar de manera fácil —y sin pruebas— a los periodistas asesinados al nivel de los grupos criminales.
El mismo 9 de noviembre dos reporteros fueron heridos de bala cuando la policía de Cancún reprimió una manifestación.
La agresión más reciente ocurrió en Mazatlán, Sinaloa, la noche de este sábado: varios hombres ingresaron al domicilio donde se encontraba el fotorreportero Carlos Zatarain, se lo llevaron y al cierre de esta edición se desconoce su paradero.
Hasta hace unos años los riesgos para el ejercicio del periodismo parecían reducirse a los grupos del crimen organizado —que intentan controlar la información que se publique sobre sus acciones o les molestan las investigaciones de reporteros— y a autoridades de gobierno que se incomodan por los trabajo que hacen revisión a sus acciones y omisiones.
Pero a esos riesgos ahora hay que sumar la estigmatización que desde la tribuna presidencial se hace contra el gremio periodístico, así como el reciente recorte de recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En síntesis, en 15 días tres periodistas asesinados y uno desaparecido. La situación no puede estar en un peor momento para el ejercicio periodístico en el país.
