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Dos problemas han estado presentes de manera constante en la agenda nacional en años recientes: corrupción e impunidad. El clamor social para combatirlos es considerado uno de los factores que llevaron al triunfo al actual gobierno en julio de 2018.
En este contexto, por primera vez una exsecretaria de Estado fue citada por un juez para deslindar responsabilidades por el ejercicio indebido de su función (está señalada por ser omisa ante un presunto desvío de recursos). Mientras finaliza el proceso, le fue dictada la prisión preventiva.
Sin importar el desenlace, no puede asegurarse que por este hecho el combate a la corrupción y a la impunidad marchan en la dirección correcta.
Actuar ante el mal uso del dinero público e ir contra los implicados para que rindan cuentas es lo apropiado, pero eso no basta si se busca disminuir la corrupción.
Idealmente se requiere contar con una estructura para prevenir este tipo de ilícitos. La creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, por cierto, es un proyecto inacabado, que se inició en el sexenio anterior y en el actual parece que no hay interés para acelerarlo.
En la ruta que sigue la corrupción se requiere colocar obstáculos oficiales para dificultar la comisión de actos indebidos. Supervisión, evaluación y constante rendición de cuentas son herramientas que deben exigirse por ley. A mayor transparencia, menor probabilidad de ilícitos. En esta estrategia la Auditoría Superior de la Federación ha jugado un papel clave, que merece ser consolidado.
En cuanto a la impunidad, disminuirla es condición necesaria para frenar la corrupción y para que el país se encamine a una reducción de la inseguridad; lograr que se aplique la ley en un solo hecho no es suficiente. Los índices de impunidad en el país superan 90%, por lo tanto son miles los delitos que quedan sin castigo y que representan un aliciente para que la delincuencia se siga reproduciendo.
Por primera vez se está investigando uno de los señalamientos más serios de desvíos que se han hecho contra el gobierno anterior; sin embargo este procedimiento debería ser la norma y no la excepción.
Casos como el de Odebrecht, que colocó en el banquillo de los acusados a decenas de expresidentes y altos funcionarios y cimbró a países de América Latina, en México prácticamente estuvo congelado por años.
El proceso contra exfuncionarios debe ser el inicio de algo mayor y no solo un destello. Debe ser una oportunidad para construir un andamiaje legal que cierre el paso a la corrupción y para que prevalezca de manera cabal el Estado de derecho, sin importar filias o ideologías políticas.
