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La protección del medio ambiente es un tema que día a día se consolida entre la sociedad. La concientización de que es necesario proteger los recursos naturales permea entre niños, jóvenes y adultos e incluso entre los gobiernos tanto federal como estatales.
Hace poco más de dos décadas surgió en México la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y desde entonces organismos de ese tipo han surgido también en los estados.
El objetivo es sencillo: vigilar la aplicación y el cumplimiento efectivo de las leyes ambientales –por medio de inspección o de la atención de denuncias ciudadanas– y aplicar sanciones cuando se viole la normatividad.
En más de siete años, de 2012 a agosto de 2019, la Profepa impuso 16 mil 923 sanciones, un promedio de seis al día contando incluso sábados y domingos. El monto de las multas aplicadas asciende a mil 740 millones de pesos.
De poco ha servido, sin embargo, la aplicación puntual de la ley, pues el pago de sanciones que hacen las empresas señaladas es mínimo. En el lapso mencionado apenas se han cobrado 193.8 millones de pesos, equivalentes a 11% de lo que tuvo que haber ingresado la dependencia por concepto de multas.
En 2015 la Auditoría Superior de la Federación incluso solicitó a la Profepa analizar las causas por las que no se cobran las millonarias multas. La razón que se esgrime desde la dependencia es que las empresas recurren a estrategias legales para retrasar el mayor tiempo posible el pago de las sanciones.
Aunque también tendría que señalarse el recorte de recursos que ha sufrido la dependencia. En 2015 tuvo un presupuesto de mil 100 millones de pesos, mientras que en 2018 fueron 989 millones y para este 2019 le asignaron 796 millones. Una reducción de 28% en cuatro años.
Al menos el área jurídica tendría que consolidarse para hacer frente a las estrategias legales de los sancionados.
No se puede mandar el mensaje a las empresas o las industrias de que es más barato contaminar el ambiente, y eludir las multas que reciban por ello, que invertir en procesos limpios.
Y mucho menos enviar el mensaje de que a la autoridad federal no le interesa la protección del ambiente.
