El Presidente de la República recrimina ahora a los consejeros del INE por aplicar la ley que él y sus correligionarios políticos pugnaron por endurecer allá en 2014, como parte de la reforma electoral de ese año —impulsada con el argumento de que el triunfo del priista Enrique Peña Nieto, en 2012, se dio en medio de rebases de los topes de gastos de campaña, y de que presentó fuera de tiempo los informes que así lo corroboraban.
Hoy, que la aplicación de las reglas del proceso electoral se han apegado a lo que marcan las últimas reformas y los resultados han salido desfavorables para su partido, el Presidente sale a decir que el INE y el Trife actúan con exceso y quienes así lo determinaron han conspirado contra la democracia.
El cuestionamiento presidencial a la actuación “antidemocrática” del INE y del Tribunal Electoral pone en entredicho la función de esas instituciones y las etiqueta como fruto del “antiguo régimen”, llegando incluso a deslizar la idea de que es necesario desconocer su presencia y participación, aduciendo que son las autoridades electorales las que están quitando el derecho de los ciudadanos a elegir, cuando en realidad los propios actores políticos son los que se cancelan su derecho a contender al no acatar lo que las reglas del proceso electoral señalan.
Hay que recordar que López Obrador también presionó, a través del Congreso y tras perder los comicios en 2006, para que, con dedicatoria velada al expresidente Vicente Fox, el INE adoptara una enmienda por la cual se prohibiera a gobernantes expresar su postura política en tiempo de elecciones, la misma restricción por la cual hoy se dice víctima de atropello contra su libertad de expresión.
Asimismo, cuando el INE determinó no dar el registro al partido México Libre, de su rival político Felipe Calderón, se congratuló por la decisión del organismo y la calificó como un triunfo para el pueblo de México —“justicia divina” dijo en esa ocasión—, pero ahora, que aplicando la ley se decide no dar registro a su candidatos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, el INE resulta “enemigo de la democracia”.
Incluso el mandatario reconocía entonces que ya estaba operando un cambio de mentalidad y lo atribuía a la fuerza de la opinión pública, la misma que hoy le estorba para mantener la mayoría de presencia de su partido en los diferentes niveles de gobierno.
Lo anterior es muestra que esta administración —como otras anteriores— cuando ganan, reconocen al árbitro; pero cuando pierden, se le denosta y se le cuestiona. No obstante, el sistema electoral actual ha demostrado su eficacia y es indudable que debe mantenerse.
