Como se ha venido anunciando con cierta insistencia, uno de los objetivos para llevar a cabo el proyecto gubernamental de la denominada Cuarta Transformación es allegarse de más recursos a través de incrementar la recaudación tributaria, por lo que uno de sus pilares fundamentales recae en su aparato fiscal y en la recuperación de fondos que, por distintas razones, no han podido captarse en el pasado reciente.
Y así como han comenzado a hacer efectivo el cobro pendiente de impuestos a grandes contribuyentes empresariales, también se busca detener una práctica lamentablemente bastante extendida entre empresas de distintos tamaños, pero con especial énfasis en corporativos con alto nivel de operaciones mercantiles: la evasión en el pago de sus obligaciones fiscales mediante la presentación de facturas que amparan transacciones que no se realizaron o manifestando montos menores o mayores a los efectuados en la realidad, de acuerdo a fines específicos, entre los que incluso pueden estar actividades de lavado de dinero.
En un principio son 43 las empresas detectadas por simular operaciones comerciales que se traducen en defraudación fiscal que le significaron al Estado una pérdida superior a 55 mil millones de pesos por evasión.
Se trata de erradicar una costumbre bastante extendida e incluso tolerada, casi en forma similar a lo que se realiza en el ámbito laboral con la subcont ratación o outsourcing, la cual casi siempre busca reducir al máximo —en muchos casos de manera ilegal— el pago de las prestaciones que los patrones están obligados a cubrir al Estado a cambio de contar con trabajadores a su servicio.
Es altamente plausible combatir a los que actúan fuera de la ley a la vez de desincentivar las prácticas fraudulentas y estimular la regularización, solo se pide que no haya terrorismo fiscal o que la persecución política se disfrace de combate a evasores. También es de desear que los recursos captados y/o recuperados se utilicen en las necesidades sociales más apremiantes, que en estos momentos son las sanitarias, la inseguridad creciente y la protección al empleo.
