La región de Tierra Caliente, en el norte del estado de Michoacán, es una zona de conflicto por la disputa territorial de dos cárteles del narcotráfico, a cuyas acciones más atemorizantes, junto con los enfrentamientos armados, las ejecuciones, los secuestros y las extorsiones, se ha venido a sumar desde hace algunos años el método de la leva, que para los hombres —especialmente los más jóvenes— consiste en el reclutamiento forzado para sumarlos como efectivos y sicarios al servicio de las fuerzas del crimen, y para las mujeres representa su rapto con fines sexuales.
Al igual que en los tiempos de la Revolución, a quienes se oponen o se niegan a integrarse a las filas de la delincuencia, se les asesina o se atenta contra sus familias para doblegarlos y ponerlos de terrible ejemplo para sus vecinos.
El control que está logrando el crimen organizado en algunas regiones del territorio mexicano está alcanzando ya sus peores expresiones, y motiva la expulsión, igual que ocurría en Centroamérica con el fenómeno de las Maras, de numerosos grupos de habitantes que huyen en pos de su tranquilidad, con frecuencia hacia Estados Unidos u otras entidades de la República.
Y es que en el plano de la seguridad aún no se notan efectos significativos del cambio de estrategia que supuso la creación de la Guardia Nacional, y sí por el contrario el rechazo popular y las actitudes hostiles —patrocinadas por los grupos criminales— contra esta nueva fuerza armada, a la que incluso se le ha expulsado de algunas plazas, mientras en otras se le ha sitiado por parte del pueblo, en exigencia de su salida, supuestamente porque a las zonas en conflicto solo van a encerrarse en sus cuarteles y son los únicos que reciben suministros y alimentos mientras que los pobladores no.
Hasta el momento ya van tres planes diferentes que se han implementado para rescatar Michoacán: el del gobierno del presidente Felipe Calderón, el que presentó su relevo Enrique Peña Nieto y la estrategia actual de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, de los tres, ninguno parece haber tenido incidencia en la pacificación de la región, aun cuando los dos primeros, mientras hubo presencia militar, reportaron algún descenso en los índices de criminalidad, que volvieron a repuntar en cuanto los efectivos dejaron de patrullar el estado.
Es momento de no dejar a su suerte a estos poblados que sufren el infierno de una violencia descontrolada y que está imponiendo ya su propia ley.