Read in English
El rechazo y el hartazgo de las mujeres hacia el acoso y hostigamiento sexual que sufren en centros escolares o laborales han sido una de las principales razones de movimientos como el #MeToo a nivel internacional o de las protestas de organizaciones feministas en varias ciudades del país y en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sus movilizaciones han logrado hacer visible el problema, pero la erradicación aún se ve lejana. Se trata de una situación que abarca distintos ámbitos de la vida pública del país, incluidas las oficinas gubernamentales.
Este lunes EL UNIVERSAL informa que el año pasado en 84 dependencias oficiales se abrieron investigaciones por acoso y hostigamiento sexual, luego de que 365 mujeres presentaran las denuncias correspondientes. Las agresiones habrían sido perpetradas por empleados de todos los rangos, desde mensajeros y personal operativo, hasta directores generales de área.
El mayor número de casos se registró en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí las trabajadoras presentaron 65 denuncias. Detrás del IMSS se encuentran el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Educación Pública, con 47 casos cada uno. Son 358 funcionarios los que están siendo investigados por cometer estos ilícitos. De ellos, al menos 48% siguen trabajando en sus instituciones.
Con el debido derecho de audiencia y de defensa para el acusado, las sanciones tienen que ser expeditas y ejemplares. Si no se actúa de esa manera, no se sentará un precedente y solo se propiciará que ese tipo de conductas sigan reproduciéndose. Del gobierno federal se esperaría una atención puntual a la problemática.
En días recientes un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue destituido de su cargo, luego de diversas denuncias que se recibieron en su contra. Este mes también se registró la primera vinculación a proceso –dentro de la llamada Ley Olimpia– contra un estudiante de la UNAM que tomó fotos de una joven mientras estaba en los baños. Ningún agresor debe quedar sin ser sancionado.
El compromiso de cualquier institución o empresa tiene que ser claro y público: eliminar la desigualdad de género y construir protocolos de defensa de la mujer que sea víctima de algún delito por su condición de género. Los cambios tienen que ser más rápidos y contundentes. Esa es la demanda de las mexicanas y hay que atenderla.
