Es una sorpresa que la recaudación fiscal en un año tan crítico como el pasado 2020 haya superado lo percibido en tiempos de "normalidad" económica como el registrado en el último del sexenio de Peña Nieto, pero es la muestra de que, tal cual apostaba el gobierno actual, mejorando la fiscalización y aplicando la ley de forma más estricta, especialmente a los denominados “grandes contribuyentes” se obtendría un incremento en los ingresos tributarios.
También es evidencia de que esos grandes contribuyentes se habían estado valiendo tanto de facilidades para diferir sus pagos, como de vacíos legales y artimañas para evadir sus responsabilidades fiscales, o bien, que no eran objeto de auditorías exhaustivas. Ahora, con las reformas fiscales emprendidas de forma sucesiva desde 2014, se han logrado subsanar esas deficiencias.
Y es también de encomiar que todo ello se haya obtenido de forma voluntaria, sin necesidad de judicializar los casos ni de caer en figuras que podrían haberse calificado en su momento como terrorismo fiscal, lo que demuestra que se aplicó una buena estrategia para incrementar la recaudación tributaria enfocada hacia los grandes contribuyentes, que aportaron por sí solos casi la mitad (44%) de los impuestos que recibió el Estado durante 2020.
En un año de crisis se impuso un récord en la recaudación a los grandes contribuyentes (más del doble de lo recibido en los dos años previos), pero esto constrasta con un casi nulo apoyo del gobierno para micros y pequeños empresarios, muchos de los cuales han cerrado o están en etapa de sobrevivencia, y que representan con su actividad más de la mitad de los ingresos fiscales del Estado, pero que con su contracción o desaparición significarían una grave pérdida en contribuciones, en un instante de la historia nacional en que más que nunca se requiere de ingresos para afrontar la problemática sanitaria.
Si bien ha sido un acierto aplicar la ley para que los grandes evasores contribuyan con el pago de impuestos, lo cual se dio gracias a la eficiencia recaudatoria y sin judicializar los casos, la situación ahora también debe ser pareja para encontrar la forma de meter al redil a los millones de negocios y particulares que se encuentran en la informalidad. Con ello se mejorará no sólo la recaudación, sino también las condiciones de miles o millones de trabajadores que no gozan actualmente de las prestaciones que deberían. Su bienestar redundará indudablemente en la mejora de la economía de todo el país.
