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Si bien el derecho a la educación está consagrado en la Constitución Política mexicana, miles de jóvenes en todo el país podrían quedarse sin acceso a continuar sus estudios. Se trata de alumnos con alguna clase de situación física o intelectual especial que hasta ahora, y aunque con carencias, se han visto beneficiados con el programa Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, el cual si bien se imparte en instalaciones federales de nivel medio superior a cargo de la Secretaría de Educación Pública, en realidad opera de modo independiente toda vez que sigue considerado en calidad de programa piloto, en espera de que el Congreso autorice su reclasificación como proyecto oficial.
Una investigación efectuada por EL UNIVERSAL revela que dichos centros, repartidos en 271 planteles a lo largo de la geografía nacional, corren riesgo de desaparecer luego de una década de operación y buenos resultados pese a la adversidad presupuestaria, tras de que el gobierno, al no considerarlos parte de un proyecto oficial, los ha sometido a una reducción drástica en el monto que se les venía asignando para funcionar y que pone en riesgo su continuidad, pese a la necesidad que se tiene de atender a ese sector de la población escolar que demanda educación especializada.
De inicio, los profesores dentro de este programa no son considerados como tales sino que se les clasifica únicamente como “asesores” o meros prestadores de servicios, y por lo cual se les niegan prestaciones y derechos laborales, aun cuando su desempeño es más arduo que el de un maestro regular pues requiere de mayor especialización y de recursos materiales específicos por la singularidad de su labor. Por el contrario, este tipo de profesionales enfrentan carencias que los llevan a atender en una sola clase a varios tipos de alumnos, cada uno con una situación diferente. Además del recorte en personal y en salarios, los profesores también deben sortear la falta de materiales de estudio así como de instalaciones adecuadas a las necesidades de sus alumnos.
Es así que entre los diversos rubros que se están viendo afectados por la serie de recortes emprendidos por la denominada austeridad republicana, se suma ahora el sector del apoyo a las personas con alguna discapacidad, jóvenes que tienen grandes aspiraciones para su preparación académica. Por ello, una administración que se ha pronunciado en innumerables ocasiones como incluyente, no puede contradecirse y manifestar en los hechos que existen mexicanos que no merecen apoyos por parte de un gobierno que dice pensar en ellos y asegura darles los mismos espacios de oportunidad. Es tiempo de que en el gobierno federal se dediquen a revisar esto.
