El intempestivo auge del mundo digital tomó por sorpresa al mundo. Fue tan súbita su aparición en la vida moderna que la relación entre usuarios y proveedores de servicios digitales ha ido ajustándose sobre la marcha. El tema de la privacidad es apenas uno de ellos.
La relación entre las grandes compañías tecnológicas y los gobiernos también se encuentra en consolidación. La amenaza de regularlos aparece con frecuencia en distintos gobiernos; en naciones con gobiernos totalitarios como China y Corea del Norte el control sobre lo que se publica en internet es práctica común.
En meses recientes varias naciones están impulsando leyes para que las empresas que operan únicamente en el espectro digital (aquellas que ofrecen servicios de música, de video por internet, de entrega de comida o de movilidad) paguen impuestos. México busca insertarse en esta ola. Con ese objetivo, ayer se presentó una iniciativa de ley para cobrar el Impuesto al Valor Agregado a las aplicaciones que utilizan plataformas digitales para generar ganancias por ventas o prestaciones de servicio.
Ese gravamen al consumo ya aplica para todas las empresas en México. Aquellas que operan solo de manera digital no tendrían que ser la excepción. En América Latina cuatro países (Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay) cobran impuestos por servicios digitales.
En el documento Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) estima para México una recaudación potencial de IVA por 177 millones de dólares al año (unos 3,540 millones de pesos) si Uber, Spotify, Netflix y Apple enteran el impuesto mencionado.
En Europa se ha emprendido la misma cruzada, con diferentes resultados en cada nación. Francia ha tenido la posición más dura en materia fiscal contra las gigantes tecnológicas.
El avance de la tecnología permite que muchas firmas extranjeras ofrezcan sus servicios en México sin que sea necesario un amplio despliegue de oficinas y sin que exista una regulación clara sobre su operación.
El escenario dibuja una situación de desventaja para empresas nacionales que cubren de manera puntual el pago de impuestos que fija la ley.
No se trata de crear nuevos gravámenes sino de que los nuevos jugadores contribuyan al fisco de la misma manera que lo hace la generalidad de las empresas locales.
Tampoco se trata de persecución ni de terrorismo fiscal. Es una cuestión de equidad.
