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Todos los países cobran impuestos con el fin de obtener recursos para proporcionar a la ciudadanía servicios de calidad –educativos o de salud, por ejemplo, pero unas naciones obtienen más ingresos que otras.
De acuerdo con la OCDE el porcentaje de recursos que México obtiene vía pago de contribuciones fiscales, en comparación con la riqueza total del país, es de los más bajos en América Latina. En parte por la poca eficiencia que ha caracterizado a las oficinas recaudatorias y en parte porque la evasión fiscal se ha convertido en los últimos años un deporte nacional.
Distintos gobiernos se han fijado la meta de aumentar el índice de recaudación, aunque nunca lo han logrado en los términos planteados inicialmente.
Ante este escenario, el Servicio de Administración Tributaria ha dibujado una estrategia diferente para hacer frente a la evasión, cuyo daño, según la Procuraduría Fiscal, equivale a 2 billones de pesos. El SAT esta vez se enfocará en una práctica que se volvió común en los últimos años: la emisión de facturas falsas.
A finales de junio el SAT informó que 8 mil 204 empresas se dedican a simular operaciones mercantiles, ocasionando que dejen de ingresar a las arcas públicas 354 mil millones de pesos. Entre los planes de la administración federal se encuentra endurecer las penas por ese ilícito. En el Congreso de la Unión se discute una iniciativa de ley para considerarlo delincuencia organizada. Líderes del Congreso han adelantado que las reformas contra la defraudación fiscal estarán listas antes de que se apruebe la Ley de Ingresos para 2020, hacia el último trimestre del año.
EL UNIVERSAL ha venido informando que el proyecto de ley incluye duras medidas con el fin de aplicar castigos ejemplares: desde testigos protegidos e intervención de comunicaciones hasta la infiltración de personal para llegar a las cabezas de las empresas que emiten facturas falsas.
De lograrse los objetivos, el país comenzaría a tejer una cobija más grande en materia de captación de impuestos. Actualmente las mayores aportaciones provienen de sectores cautivos (asalariados), mientras grandes contribuyentes cuentan con recursos para encontrar resquicios en la ley y pagar menos impuestos o de plano actuar con dolo e incurrir en la evasión.
Las acciones que se adopten contribuirán a quitar una pesada losa que frena la captación de recursos. El único riesgo visible es que se caiga en excesos a la hora de aplicar la ley. Se requerirá que no paguen justos por pecadores.
