El caso de Jesús Orta Martínez, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno capitalino, señalado por anomalías y abusos de poder durante su gestión tanto en esa dependencia como en otros cargos anteriores, lo que provocó su renuncia, ha puesto en entredicho una vez más el grado de confiabilidad que se puede tener en quienes se ha conferido la delicada responsabilidad al frente de organismos dedicados a garantizar la seguridad de la población.
Orta tuvo que dejar su puesto luego de detectarse irregularidades en un contrato de arrendamiento de mil 855 patrullas para la Ciudad de México, suscrito durante su gestión, así como por una serie de compras de insumos con sobreprecio, al que viene a agregarse la revelación de que la Fiscalía General de la República también lo estaba investigando e incluso había ya una orden de aprehensión en su contra por supuesta participación del exfuncionario en actividades de delincuencia organizada detectadas ya desde su paso por la Policía Federal y la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad.
El exjefe de la policía capitalina inició su carrera en el servicio público a fines de los años 90 en la Secretaría de Economía, y fue predecesor en el cargo del actual secretario Omar García Harfuch, este último objeto de un atentado grave en junio pasado.
El caso de Orta invita a no olvidar que todos los elementos de las corporaciones policiacas deben estar sometidos continuamente a controles de confianza. En este sentido, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado reiteradamente que Jesús Orta pasó todos los filtros de confianza para poder incorporarse como miembro de su gabinete, lo que lleva a considerar que tales recursos de control deben someterse a una profunda revisión, actualizarse y hacerse aún más estrictos, dado que en el caso del exfuncionario no cumplieron a cabalidad su cometido.
Parte importante de la estrategia contra la inseguridad debe ser contar con elementos profesionales, capacitados y bien pagados en todos los niveles, pero especialmente en los estratos de poder y toma de decisiones, para evitar que tengan la tentación tanto de hacer uso indebido de los recursos que les son otorgados para poder ejercer sus funciones, como para no ceder a los intentos de los grupos delincuenciales por comprar su silencio o complicidad.
Cuando un país tiene corporaciones policiacas saneadas, la población puede tener la certeza de que eso se reflejará en una mayor seguridad y en que la impunidad será inexistente. Por el contrario, si las corporaciones policiacas son ineficientes y, peor, están tomadas por la delincuencia, la viabilidad de cualquier país estará en serio riesgo.
