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En momentos en que según un reporte de la OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes, el partido Morena anunció que buscará que a nivel nacional ya no se penalice el aborto cuando el producto no tenga más de 12 semanas de gestación, iniciativa que se pone así por encima de las legislaciones locales de los estados, muchas de las cuales lo prohíben o se han tardado en emitir algún fallo al respecto, con excepción, por ejemplo, de la Ciudad de México o Oaxaca, que acaba de adoptar la despenalización.
Una de las características especiales que presenta esta iniciativa es la de impulsar una profesionalización de la interrupción legal del embarazo, pues se pugnará para que entre el personal de cada clínica u hospital del país, se cuente en cada turno por lo menos con una persona capacitada en su práctica, para brindar el máximo de seguridad sanitaria a las solicitantes.
Y es que se ha detectado que, por ejemplo, en la Ciudad de México, más de una cuarta parte de los procedimientos que se efectúan legalmente, se realizan a mujeres que provienen de otras entidades del país, lo que habla de la necesidad que se tiene en otras partes de la República de contar con legislaciones que permitan a las mujeres el acceso a opciones seguras para interrumpir los embarazos no deseados, así como los que ponen en peligro la salud o la vida de la madre.
Cifra alarmante la de 2016 cuando, según el reporte del Consejo Nacional de Población (Conapo), durante ese año en promedio cada día 32 niñas entre los 10 y 14 años de edad, se convertían en madres.
Pero polémica podría resultar la precisión de buscar castigar a las madres y médicos tras esas 12 semanas pues, según lo considerado en la iniciativa, se aplicaría aun cuando hubiera consentimiento expreso de la madre, misma que podría recibir sentencias que van de los 3 a los 6 meses de prisión o hasta 300 días de trabajo comunitario. Para el profesional de la salud involucrado se aplicaría la misma pena pese a contar con aprobación de la gestante, pero se incrementaría notablemente de practicarlo contra la voluntad o conocimiento de ésta, con pena de hasta 6 años de cárcel, que podría incrementarse a 8 años de haber mediado algún tipo de presión física o moral.
Luego de que por años se estuvo postergando el tema, es de destacar que ahora por fin se busque que la iniciativa tenga aplicación en todo el territorio nacional para lograr que más mexicanas cuenten con la garantía no sólo de una práctica médica segura hacia ellas, sino del respaldo del Estado a la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y su elección de vida.
