Ante el dolor y el reclamo de madres y padres que buscan a sus seres queridos, este gobierno señaló en junio de 2019, que el problema número uno es el de la inseguridad y de la violencia, “especialmente el de los desaparecidos”. En esa fecha se reconoció que hay atrasos y carencias en los sistemas nacionales Forense y de Búsqueda de Personas. Los reportes oficiales ubican en 74 mil el número de víctimas desaparecidas en el país.
A más de un año de distancia la situación poco ha cambiado. Los avances todavía son escasos y con un futuro incierto.
Para dar solución a las demandas de familiares, la Ley General en Materia de Desaparición, que data de 2017, establece que las comisiones estatales de búsqueda serán clave para encontrar a las personas desaparecidas. Sin embargo, aún no operan al 100 por ciento porque carecen de recursos económicos, de personal y de inmuebles propios para trabajar.
Además, en algunas autoridades se percibe mayor voluntad política que en otras para atender el problema. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda exhibió en un informe la presencia de grandes brechas entre las comisiones. De 22 instituciones creadas en 2019, la comisión que instaló el Estado de México tenía 94 empleados, mientras que la de Sinaloa tenía 20; Chihuahua, 18; Coahuila, 16; Guerrero, 15; Michoacán, siete, y Tamaulipas uno. Las desapariciones de personas registradas en esas entidades van de 2 mil a 11 mil. Con 20 personas o menos difícilmente se podrá dar atención satisfactoria a todos aquellos que exigen la aparición de sus familiares.
Los familiares de desaparecidos invirtieron muchas horas y un enorme esfuerzo para ser escuchados. Con el paso de los años han logrado que su voz se posicione en medio de la arena pública para plantear de manera clara sus exigencias. La principal: que sus casos no queden en el olvido y dar celeridad al proceso de búsqueda de sus seres queridos. El gobierno hizo un compromiso con ellos pero los avances se dan a cuentagotas, de manera desigual y en medio de una desesperante lentitud para un problema que se considera “prioritario”. La autoridad no podrá atribuir toda la responsabilidad del atraso a la emergencia sanitaria que se vive desde marzo de este año porque la lentitud era manifiesta desde 2019.
