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Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió los primeros 100 días de su gobierno, escogió como acto simbólico hacer el cierre de la colonia penal de Islas Marías, creada en 1906 bajo el gobierno del presidente Porfirio Díaz como medida de castigo extremo y aislamiento total para reos de alta peligrosidad. Finalmente hace unos cuantos días, el Senado mexicano aprobó su desaparición, toda vez que a decir de numerosos legisladores, jamás pudo lograr la plena reinserción social de los internos que pasaron por él, al tiempo que representaba un gasto oneroso para el gobierno, pese a que en algún momento tuvo fama de ser un penal modelo.
En cambio, al interior del territorio mexicano y bautizados popularmente como ‘universidades del crimen’, los centros de readaptación social, tanto estatales como federales, son sitios en los que efectivamente los criminales salen especializados en algún delito o aprenden otros diferentes o nuevas modalidades. Sobrepoblación y corrupción son dos de los más grandes y frecuentes problemas asociados prácticamente a la totalidad de cárceles existentes en el territorio nacional, en la que la mayoría de los presos imponen sistemas de autogobierno o ejercen control en mayor o menor medida sobre las autoridades penitenciarias.
Topo Chico —recientemente cerrada—, del Altiplano, Aguaruto, Puente Grande, Reclusorio Norte, Oriente, Sur, etc. son muestras de prisiones que en diverso grado han caído en el autogobierno, muchas de las veces en contubernio con autoridades de diverso rango o corrompiendo o amenazando directamente a los directivos de los penales.
En días recientes, Ciudad Juárez ha experimentado varios días de violencia detonada a partir de un operativo de cateo emprendido por las autoridades en el Centro de Reinserción Social No. 3 de esa ciudad chihuahuense y que fue respondida por uno de los grupos que controlan el penal con ataques ordenados desde el interior contra objetivos civiles y policiacos en distintos puntos de la ciudad, dejando un saldo hasta el momento de 91 muertos, vehículos incendiados, bloqueos y una ola de psicosis colectiva y pánico inducida por falsas amenazas de bomba en lugares públicos, escolares y laborales.
Cada sexenio se atiende un problema diferente relacionado con la seguridad pero el sistema penitenciario sigue en el abandono, ya que sigue pendiente una propuesta de solución para los graves problemas que afectan la estructura carcelaria mexicana. Por más reformas y cambios de nombre y uniforme que se hagan a los cuerpos de seguridad estatal, mientras los penales sigan en el desgobierno y no se haga un análisis a fondo de su situación, cualquier plan o intención de imponer orden quedará sólo en el plano de la buena intención.
