Se encuentra en México el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, cumpliendo una visita oficial de campo a petición de organizaciones independientes que solicitan se aclaren las más de 95 mil desapariciones reportadas en nuestra nación.
Se debe reconocer que la administración actual, a diferencia de la anterior, sí permitió el ingreso del Comité de la ONU, lo que contrasta con la negativa de visita que en 2016 dio el gobierno de Enrique Peña Nieto al relator especial del organismo, Juan Méndez, argumentando que no había espacio en la agenda para programarlo, pero en realidad es que no se aceptaban las acusaciones que desde la ONU se hacían a México, a raíz de un informe del propio Méndez presentado un año atrás en el que se concluía que la tortura era una práctica generalizada en nuestro país.
Mientras que se espera que el Comité dé un informe preliminar durante el día de hoy, aunque el definitivo se presentará hasta marzo de 2022, una muestra que podría marcar la diferencia que este gobierno tiene con respecto de los anteriores sería que admitiera cualquiera de las recomendaciones que le haga la ONU, y no que persista en la actitud defensiva que mantiene ante cualquier señalamiento que se le hace desde fuera o dentro del país.
En México se habla de un 98% de impunidad en casos de desaparición, lo que se traduce en que prácticamente ningún caso se resuelve y que en una gran parte de ellos ni siquiera se inicia una investigación, sin mencionar que para muchos de los familiares de desaparecidos que han emprendido sus propias indagaciones y búsqueda, ha habido amenazas e intimidación. Por ello es que además de búsqueda exhaustiva de los desaparecidos y justicia para los hallados sin vida, se pide protección para sus familias y los grupos de buscadores independientes.
Y si de por sí la situación es crítica en este sentido, ayer se anunció la salida temporal del titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR), Abel Galván, sin darse una razón precisa de su separación.
La dimensión y magnitud del problema de las desapariciones es enorme y está lejos de solucionarse por este gobierno, pero es una buena señal que se haya admitido el ingreso del Comité de la ONU y otra más sería el aceptar las recomendaciones que se hagan y trabajar con las víctimas, cuyo sentir generalizado es que se encuentran abandonadas y sin ningún respaldo o apoyo en su lucha, situación que no cambia aunque se modifiquen las siglas y los colores de los gobiernos.