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La crisis por desabasto de medicamentos que se vive en diversos hospitales públicos de todos los niveles ha comenzado a empujar un incremento de precios en mercados regionales de medicinas, debido más que nada a la especulación y el oportunismo tanto de fabricantes como de distribuidores y farmacias, con alzas que en algunos puntos del país superan el 20%, como fue el caso de los antibióticos —que necesariamente deben adquirirse con receta— o el de los analgésicos, que son fármacos de uso frecuente en todos los hogares.
Los fabricantes y distribuidores de la industria farmacéutica han señalado repetidamente que el desabasto de medicamentos en hospitales públicos es resultado de una falta de previsión al hacer las compras de lotes de fármacos, así como consecuencia de una nueva estrategia de compras implementada por el gobierno bajo la justificación de combatir la corrupción y obtener importantes ahorros.
Para complicar aún más la situación, y en vez de solucionar los problemas o aclarar las situaciones que generan sospecha con los proveedores farmacéuticos nacionales, las autoridades han tomado una decisión desesperada: hacer la compra de medicamentos a fabricantes internacionales sin registro sanitario o que no cuentan con el aval de organismos internacionales como la estadounidense FDA o la europea EMA, que son garantía de que cada fármaco es útil y ha sido probado antes de salir al mercado.
Es necesario que las autoridades no solo del sector salud, sino también aquellas que autorizan presupuestos o analizan los convenios con proveedores y esquemas de compras a gran escala, antes de implementar cambios drásticos o cancelar de forma intempestiva procesos que durante años funcionaron sin aparentemente mayor problema, hagan prospecciones sobre los objetivos a alcanzar y también prevean consecuencias, así como la forma de aminorarlas o evitarlas.
Ahora resulta extraña la posición asumida por la Procuraduría Federal del Consumidor al decir que la institución es ajena a la situación o que estas alzas en específico están fuera de sus atribuciones pues si bien las compañías farmacéuticas son libres de determinar el precio que ponen a sus productos (puesto que hay muchas investigación detrás de ellos), también se trata de evitar que se lucre con la necesidad de los enfermos y se tome como pretexto el desabasto que existe en instituciones estatales de salud para aumentar los precios de las medicinas en general, sobre todo cuando los afectados directos deben cubrir de su bolsillo las carencias a las que se ven sometidos por malas decisiones de otros. La experiencia reciente demuestra que la política está contraindicada cuando se trata de la salud de los mexicanos.
