Este día se escucharán una vez más las demandas que han sido exigidas desde hace años por las mujeres: alto a la violencia de género, freno a la violencia intrafamiliar, el deseo de caminar sin miedo, mayor equidad laboral y salarial y el reclamo de justicia para los casos de feminicidio. ¿Cuántos marchas más tendrán que realizarse para que desde todos los ámbitos comience a producirse un cambio en el trato que la sociedad le confiere a la mitad de la población?

Todos los sectores pueden realizar acciones en favor de ese cambio, pero la cruzada tiene que ser encabezada por el Estado, lo que hasta ahora no ha sucedido.

Uno de los mayores retrasos que se produce desde las instancias de Estado es la impartición de justicia.

Como ejemplo están los Centros de Justicia para Mujeres, creados en 2010 para brindar protección a todas las mexicanas víctimas de violencia.

Entre otros servicios, otorgan atención psicológica, jurídica y médica, además de ofrecer también albergue temporal cuando ellas acuden por ayuda luego de sufrir violencia física por parte de sus parejas, recibir amenazas de muerte de sus esposos, ser víctimas de abusos físicos por parte de desconocidos e intimidaciones de sus exparejas.

Son los sitios para cobijar a mujeres en riesgo, vulnerables. A pesar de ello, 24 mujeres que pidieron apoyo a los Centros de Justicia, fueron asesinadas. Diecinueve de los casos se registraron en 2019 y 2020.

En una historia que publica hoy este diario, en el suplemento especial por el Día Internacional de la Mujer, Xóchitl fue rociada con agua hirviendo por su novio que durante años la celó y la hostigó. Cuando ella acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia, la respuesta fue que no podían detenerlo “porque no es delito quemar a alguien con agua caliente”.

La aplicación de la justicia con una visión de género no ha permeado aún en el sistema judicial del país. Este es uno de los reclamos constantes de activistas y colectivos feministas, y es apenas un atisbo de un problema que tiene diversos rostros.

Para comenzar a dar soluciones, esta casa editorial, en voz del Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Ortiz, hace un llamado a todos los niveles de gobierno y a los Poderes de la Unión, empezando por el Presidente de la República, a entender que exigir un alto a violencia y pedir soluciones no es una demanda con color partidista o propiedad ideológica, es una exigencia justa que se eleva por encima de partidos políticos y procesos electorales.

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