En México, los partidos políticos siempre aparecen al final de las encuestas que miden la confianza ciudadana en el país. Hay de sobra razones para ello y hay partidos que, por sus acciones, lograr confianza ciudadana no parece ser su prioridad.
La muestra más reciente y entre las más destacadas de lo anterior es el Partido Verde Ecologista de México. La trayectoria de esta agrupación está ligada a fines acomodaticios y muy lejos de ser consistente con una ideología política. La bandera ecologista que lleva en su denominación dejó de ser avalada por la alianza de partidos verdes europeos tras apartarse de ella, al impulsar propuestas polémicas como la pena de muerte.
A lo largo de su historia, durante las campañas electorales la constante ha sido aliarse a partidos que de acuerdo con las encuestas presentan mayores oportunidades de triunfo, sin importar la ideología de la agrupación. Así, se ha ligado a PAN, PRI y más recientemente a Morena.
Sin embargo, lo hasta aquí mencionado puede denotar escasa consistencia ideológica o un instinto exacerbado de sobrevivencia, pero no infringe ninguna normatividad. Lo grave se presenta cuando se registra una sistemática violación a la ley electoral.
En las últimas dos décadas el monto de multas de la autoridad electoral ha sobrepasado los mil millones de pesos, apenas una séptima parte del financiamiento público recibido en ese periodo. La semana pasada el Instituto Nacional Electoral aplicó una nueva multa –que podrá ser impugnada ante el tribunal electoral- por incurrir nuevamente en la violación de la veda electoral.
La legislación establece que 72 horas antes del día de los comicios debe suspenderse todo tipo de promoción y propaganda política. En 2015, de manera “coincidente”, el día de la elección varias figuras del espectáculo y del deporte publicaron en redes sociales mensajes que señalaban al PVEM como la mejor opción y se declaraban simpatizantes del partido. En el pasado proceso electoral se repitió la mecánica: horas antes de la cita electoral varios de los conocidos como “influencers” promovieron el voto en favor del partido en periodo prohibido. En ambos casos el partido erogó millones de pesos en esa campaña y se hizo acreedor a nuevas sanciones.
Parece claro que en la lógica del PVEM el costo de pasar encima de la ley es menor a la recompensa política que obtiene. ¿Hasta cuándo?
