Pese a una política que busca la conciliación y la conminación a redimirse a quienes han optado por el crimen como modo de vida, las cifras de violencia y homicidios dejan de manifiesto una realidad muy diferente, en la que destaca que los dos primeros años del gobierno actual han resultado más violentos que el mismo periodo del sexenio anterior.
Con un corte preliminar que reconoce más de 73 mil homicidios perpetrados durante 2019 y 2020, según un informe del Inegi, se trata de la cifra más alta desde que se lleva este tipo de registro en nuestro país, comenzado a partir de 1990.
Llama la atención de que dentro de la racha de violencia creciente, los homicidios con víctimas masculinas —que si bien siguen siendo la tendencia predominante— han experimentado un ligero descenso, los feminicidios han mostrado un preocupante flujo de incremento en los últimos 5 años y que, según expresó con preocupación el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, estos últimos son delitos que cuentan con hasta un 90% de impunidad.
Parte del aumento de la violencia general en el país se explica por la fragmentación de los cárteles de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas, que quedan confrontadas entre sí por la disputa de territorios y cotos de poder, quedando en medio de sus refriegas poblaciones enteras que no tienen más opción que doblegarse ante su presión o huir de esos lugares.
La afirmación que hizo hace unos días el Presidente de que su gobierno no tendrá acreditación histórica si no frena la violencia es un reconocimiento de la gravedad del problema, lo que se convierte en un primer paso para poder frenarlo. Admitir la magnitud del fenómeno delictivo permite dar elementos para su solución.
Es ya un hecho que la estrategia de apelar al humanismo de los delincuentes no está rindiendo los frutos que se esperaban, y por el contrario parece ser un aliciente de impunidad para una violencia que desde hace mucho ha dado ya visos de haberse salido de control. La esperanza de que ofrecer abrazos es mejor recurso que confrontar a los criminales es un mero espejismo y decir que no se puede apagar el fuego con el fuego, es meramente una forma de negar un problema que deja en evidencia que hay un vacío de gobernabilidad.
Es importante recordar que si bien es responsabilidad federal el combate a estos delitos, los estados tendrían que colaborar de manera más decidida. Sin la cooperación de las autoridades de todos los niveles no habrá éxito.