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El caso de “Yamileth”, un alias para proteger la identidad de una víctima de explotación sexual que se relata hoy en las páginas de EL UNIVERSAL, hace voltear a ver uno de los delitos de mayor incremento en el país pero del que poco se habla y poco se conoce: la trata de mujeres con fines de prostitución. A decir de los expertos, este delito constituye una de las actividades más lucrativas para el crimen organizado, sólo superada por el narcotráfico y el comercio ilegal de armas.
El dato que conmociona es que según revelan representantes de organizaciones contra la trata, nueve de cada diez mujeres nunca logran ser rescatadas, a lo que se añade que además de ellas, también niños y hombres han sido incorporados a esta práctica. En cuanto al modus operandi de los denominados “enganchadores”, una constante es que estos actúan de un modo peculiar: establecen una relación amorosa con la víctima, la seducen y la convencen a cambiar de lugar de residencia. Una vez fuera de su círculo familiar, el trato hacia ellas cambia y se torna agresivo. Es cuando son sometidas y obligadas a prostituirse. En otras ocasiones, son otras mujeres las que se encargan de reclutar a las víctimas, frecuentemente con la promesa de darles un trabajo en el extranjero o en alguna ciudad al norte del país.
Haciendo un comparativo estadístico, las cifras revelan que en el primer semestre de 2019, las denuncias por delito de trata se han incrementado un 9 por ciento en relación a lo registrado en el mismo periodo de 2018. A ello se debe agregar el contexto de crisis a que están siendo sometidos los pocos refugios para mujeres víctimas de esta práctica, afectados para su supervivencia por los recortes presupuestales.
Durante muchos años fue prioridad para el gobierno y también para la sociedad poner atención y dar combate a otras formas de crimen organizado (narcotráfico, contrabando, robo de combustible, tráfico de armas, etc.) pero por un sentido humanitario ninguna de todas esas modalidades debería ser más perseguida que la trata de personas. Se esperaría que el nuevo gobierno que arrancó en diciembre del año pasado y que tanto se ha pronunciado en favor de la orientación de género y una vinculación total con las causas del movimiento feminista, tome cartas en el asunto para planear una estrategia específica para atacar este delito, que no sólo lleve a prisión a quienes lo ejercen sino que también busque erradicar a quienes lo fomentan al pagar por la explotación sexual de mujeres y niñas que se ven obligadas a realizarla contra su voluntad.
