Los gobiernos de distintos partidos llevan décadas tratando de disminuir el número de pobres sin gran éxito. Miles de millones de pesos se transfieren cada año a las familias más necesitadas, pero la pobreza aun se incrusta —para efectos prácticos— en la mitad de la población.
Si la asignación de recursos no va a las zonas que más lo requieren, la disminución de pobres seguirá sin grandes avances. Este año eso podría ocurrir.
Para 2021 el gobierno federal destinará 84 mil millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyo objetivo central es “el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y de inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”.
Por un tema burocrático, los recursos tendrán que asignarse con base en un informe de la Secretaría de Bienestar que tiene datos de la pobreza del país de 2015 y 2018. El rostro social del país este año se modificó drásticamente como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Es muy diferente al de hace tres o seis años. Los millonarios recursos están en riesgo de ser mal invertidos, advierten especialistas.
Desde hace un año la propagación de coronavirus ha dejado más pobres en México. Aunque los resultados oficiales sobre el índice de pobreza se conocerán en agosto, el indicador de corto plazo que dio a conocer el Coneval —instancia encargada de medir la pobreza— registra un aumento de 10 puntos en la pobreza laboral, aquella en la que a pesar de que la persona cuenta con empleo sus ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades de alimentación.
Si en 2015 o 2018 había zonas con alta pobreza extrema actualmente pudieron sumarse otras a las cuales los recursos del FAIS —etiquetados para financiar obras e inversiones— vendrían mejor por la pérdida de empleos que ha dejado la crisis económica generada por la pandemia.
Con una crisis sanitaria y económica encima se vuelve indispensable destinar los recursos en donde más se requieren en este momento. La hoja de ruta no puede ser un documento alejado de la realidad actual. Se trata de una omisión que la autoridad está obligada a revisar. A pesar de que la cobija es corta, debe alcanzar para cubrir a aquellos que más la necesita, aunque sea en proporciones mínimas, para muchos podría ser una cuestión de sobrevivencia.
