Hoy se conoce que la 4T crea un bloque en el Congreso para impulsar la propuesta de incluir una consulta pública dentro del paquete de las elecciones del próximo año. La segunda parte de la encuesta que este jueves publica EL UNIVERSAL muestra que la mayoría de los interrogados apoyan que se lleve a juicios a expresidentes.
Hacer consultas o sondeos en los que de antemano hay una respuesta casi obvia por parte de los consultados o con las respuestas inducidas por el modo en que están formuladas las preguntas, es un recurso innecesario o hasta malicioso que busca fines específicos que se enmascaran bajo una cubierta de ejercicio de participación popular.
Como bien lo señaló ayer en estas páginas nuestro colaborador José Carreño Carlón, empaquetar la consulta con las elecciones federales de junio de 2021, sólo conseguiría enviciar el proceso electoral y dejaría más que evidente una subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo —si aprueba la consulta—, poniendo en entredicho las funciones y competencias que corresponden a la Fiscalía y los tribunales.
El país ha avanzado en los últimos años en la construcción del Estado de Derecho como para que ahora la ley sea marginada. Cuando un gobierno somete a discusión pública lo que en sus propias leyes le está dictado hacer, más allá de hacer un ejercicio democrático, está desconociendo todo el esfuerzo legislativo emprendido para dejar plasmado en códigos y constituciones el castigo al que un funcionario público se expone cuando hace un mal uso de la investidura que le fue conferida.
Si hay elementos, que los expresidentes sean investigados y si se confirma la comisión de ilícitos, simplemente que se aplique la ley, sin que haya otra motivación más allá de hacer justicia y sin ánimos de revancha política, de hacer proselitismo con lo que son obligaciones del Estado o de brindar un espectáculo mediático. En un momento de crisis e incertidumbre, agitar aguas ya de por sí revueltas, va en detrimento de la necesaria unidad que necesita la nación.
