Los casos de abuso sexual contra menores dentro de las escuelas se han vuelto más comunes de lo que se menciona en los medios de comunicación. La Organización para los Derechos de la Infancia ha documentado al menos 18 en las últimas dos décadas en siete entidades, tanto en planteles públicos como privados. La información recopilada apunta a que se trata de redes conformadas para alimentar un eventual mercado de pornografía infantil.
Aunque son casos distintos en ubicación geográfica y en el año en que se registran, quienes participan en esos ilícitos adoptan patrones similares y el involucramiento es prácticamente general: tanto maestros y directivos, como personal de administración y de intendencia. Hasta ahora ningún delito ha sido vinculado con otro. Padres y madres de los menores que han sido víctimas critican que para la autoridad sea más fácil fragmentar y tratar cada situación de manera aislada que reconocer que hay un problema más grande.
En respuesta a la información que publicó ayer este diario, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informará cada mes de las acciones que se realizan para proteger a sectores vulnerables, como la niñez. Se abre una oportunidad para indagar el tema como presuntas acciones de grupos criminales con un modus operandi bien definido.
Pero lo que daría señales de compromiso para abordar el tema con una óptica diferente es la respuesta de las instituciones que deben acompañar a las víctimas de estos abusos.
En la nueva información que se publica en la edición de hoy se da cuenta de que la falta de empatía corre a raudales. Los testimonios recabados refieren que en el momento de levantar la denuncia reciben presiones para no declarar más y que en el acta no se asienta todo lo que declaran. “Esa información no nos sirve”, es lo que obtienen como respuesta cuando reclaman. A lo anterior se suman las carencias de personal e incluso de hojas de papel. Largas esperas e insoportable burocracia.
Para cientos de menores y de padres hay una doble confianza traicionada. En primer lugar el de las escuelas. Esos espacios destinados para el desarrollo intelectual y emocional de niñas y niños se convirtieron en impensables sitios para el abuso. Y luego, las instancias para apoyar a las víctimas. En lugar del acompañamiento necesario, la indiferencia, lo que se convierte en un aliciente para la impunidad. ¿Cambiará esto a partir de ahora?