Ni la oferta de hacer un borrón y cuenta nueva, ni la de otorgarles la tarifa eléctrica más baja del país, redundó en la regularización en pagos de los usuarios del servicio eléctrico tabasqueño. Cierto es que la condonación de su deuda histórica era una de las promesas más fuertes de campaña a las que López Obrador se había comprometido en 1995 siendo candidato por el Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de su estado. Tras perder en las elecciones estatales, hizo suya la protesta de sus coterráneos por los altos precios de la luz en Tabasco y los cobros excesivos, por lo que encabezó un movimiento de resistencia contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que le dio un impulso y una fuerza inusitados, mismos que se llevó consigo al crear el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Al ganar la presidencia, López Obrador retomó su compromiso de condonar el adeudo que mantenían los tabasqueños con la CFE y que ascendía a poco más de 11 mil millones de pesos, lo que logró tras de que su compañero de partido y gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, llegara a un acuerdo con la paraestatal eléctrica para suprimir el adeudo y regularizar a los miles de habitantes morosos del estado, con la única petición de que a partir de ese momento suscribieran un contrato con CFE y comenzaran a cubrir el pago por el servicio de manera regular, todo en el marco de un programa que se denominó “Adiós a tu deuda”, al que se adhirieron sólo 170 mil usuarios estatales en el lapso de seis meses que se les dio para normalizar su situación. De ellos, ahora se reporta que alrededor de 34 mil (una quinta parte) han vuelto a la morosidad, algunos alegando que tras la firma del contrato, comenzaron a recibir facturas con montos excesivos que no están en posibilidad de subsanar; en tanto que otros han manifestado que no hubo una adecuada campaña de información por lo cual incluso desconocían la existencia, características y requisitos del programa de condonación.
La política de perdonar adeudos ha demostrado ser un fracaso, ya que el Estado no sólo no recupera el gasto que ha hecho en proporcionar un servicio tan necesario como el suministro de energía eléctrica, sino que también establece un mal precedente para los morosos, en el que se fomenta la impunidad y la irresponsabilidad del usuario, además de crear la percepción entre los ciudadanos de que los servicios a cargo del estado deben ser totalmente gratuitos. Es tiempo de que se revisen tanto los esquemas tarifarios como los procesos para exigir al usuario el pago, más allá del corte del servicio, el cual muchos ya saben cómo burlar, pues es aquí donde comienza la corrupción de la que tanto nos quejamos.
