Hoy hace un mes que 48 millones de mexicanos acudieron a las urnas para emitir su voto en las elecciones federales (52% de la lista nominal de electores, de acuerdo con los datos del INE), pero en la Ciudad de México parece que las campañas no han terminado.
Los resultados del 6 de junio en la capital confirmaron la polarización política que ha caracterizado al país desde 2018. En nueve alcaldías del poniente triunfaron los candidatos opositores y en siete del oriente los aspirantes del partido oficial.
Para tratar de conservar la unidad que dio resultados en los comicios, los alcaldes electos surgidos de la oposición anunciaron hace unas semanas que buscarán desarrollar tareas de manera conjunta, especialmente en materia de seguridad, abasto de agua y asignación presupuestal; señalaron que su integración no promueve la confrontación y mostraron apertura para sumar, en lugar de restar. Ayer, en un nuevo encuentro, dieron a conocer que exhortarán a la jefa de Gobierno de la Ciudad a mantener una reunión de trabajo.
De manera paralela, este lunes, los alcaldes electos de Morena se reunieron de manera pública para afirmar que son la primera fuerza política de la capital del país, la que tiene la mayoría y que ningún otro partido les puede competir. Rechazaron la idea de formar bloques por ir “en contra de la Constitución” y consideraron que los alcaldes opositores “deberían abandonar la idea de integrarse como grupo”.
Aún no toman posesión de sus cargos, pero hay voces que de entrada dejan en segundo lugar los problemas de la ciudad para emitir discursos de fuerza y superioridad política. El periodo entre el triunfo y el inicio del gobierno en las alcaldías debería ser un tiempo para borrar las diferencias propias del periodo de campañas y poner en el centro de la mesa los problemas de los millones de capitalinos y de la ciudad.
A partir de octubre, la capital vivirá una etapa política no vista en 25 años. Luego de épocas de partidos que dominaban la jefatura y la mayoría de las demarcaciones, se presenta un periodo en el que la jefatura de gobierno tendrá que negociar con una mayoría de alcaldes opositores. En el Congreso local, las negociaciones también serán obligadas para sacar adelante leyes en beneficio de la ciudad.
La conciliación tendrá que ser un asunto prioritario para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. El distanciamiento con alcaldesas y alcaldes electos o la obstaculización a sus tareas solo afectará a los habitantes de esas demarcaciones. Se requiere una autoridad a la altura del desafío.