Aún no empiezan las campañas políticas para las elecciones del 6 de junio y ya están teñidas de rojo. El caso más reciente ocurrió el sábado pasado cuando la exdiputada panista Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, fue asesinada mientras circulaba en su vehículo por una carretera federal de la entidad. Se convirtió en la víctima fatal número 18 en un recuento de aspirantes a un cargo de elección popular que han perdido la vida en ataques directos desde septiembre del año pasado, fecha en que inició formalmente el proceso electoral. El recuento aumenta a 61 víctimas si se contabilizan políticos asesinados.
Los hechos, lamentablemente, no son novedad. Las noticias de crímenes contra aspirantes a cargos de elección popular se han vuelto práctica común en comicios recientes. En 2018, por ejemplo, se registraron 48 asesinatos de aspirantes y candidatos, pero la cifra crece a 152 al incluir figuras políticas asesinadas (exfuncionarios, líderes de partidos, alcaldes).
Los casos ocurren mayoritariamente en el ámbito municipal sin que queden claras las causas, debido a la impunidad en que casi siempre terminan estos hechos.
En estas páginas, el especialista Alejandro Hope ha expuesto las posibles razones, que irían desde un origen sociopolítico –ligado a la búsqueda de cargos–, el control de recursos o los conflictos intra o intercomunitarios. Aunque tampoco se descarta –por la forma en que se da gran número de asesinatos– que sean resultado de presiones de grupos criminales, pues hay más de un motivo para buscar controlar a las autoridades municipales, en específico a sus cuerpos policiacos así como la asignación de contratos de obra pública o de servicios.
Hace apenas 10 días el gobierno federal presentó un plan para proteger a aspirantes de las amenazas de la delincuencia organizada y de los delincuentes de cuello blanco. Luego de 61 asesinatos desde septiembre, es oportuno preguntarse si no llega tarde el programa de protección.
El recuento al finalizar el proceso electoral dará la respuesta automática sobre si el programa funcionó o no. Por lo pronto puede comenzarse con la presentación de avances o conclusiones de las investigaciones de los asesinatos de quienes perdieron la vida quizá por no aceptar indicaciones de grupos criminales, pues mientras no sean aclarados quedará siempre la sospecha de que el crimen organizado estuvo detrás. Y en este escenario el golpe no es solo para el municipio o la zona afectada, el daño es en general para la democracia mexicana.
