La noticia reciente de que en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México había un lote de 140 triciclos de carga que las autoridades habían decomisado a vendedores callejeros de comida y que tenían planeado proceder a su destrucción, desató una ola de indignación en las redes sociales en las que la pregunta constante era “¿Por qué?”, y es que en momentos en los que miles de mexicanos han perdido su empleo, lo menos que se espera de los representantes del gobierno es que no hostiguen o criminalicen a quienes hacen un esfuerzo por ganarse la vida.
Incluso algunas organizaciones no gubernamentales calificaron como despojo las acciones emprendidas por las autoridades, pese a que éstas trataron de justificarlas asegurando que habían procedido en respuesta a múltiples denuncias ciudadanas o que los triciclos formaban parte de flotillas manejadas por empresarios informales que explotan a sus trabajadores exigiéndoles cubrir una cuota de ventas.
Con la situación de crisis económica debido a la pandemia y la cancelación de múltiples fuentes de trabajo y la casi imposibilidad por el momento de encontrar una vacante en el mercado formal, muchos son los que han recurrido al autoempleo, pero se enfrentan a los abusos de autoridad en diversos niveles de gobierno.
Las personas que han emprendido su propio negocio en las calles son víctimas de una triple extorsión: de inspectores de la alcaldía, de líderes de comerciantes y de policías, a las que en algunas zonas del Valle de México se viene a sumar una cuarta: la de grupos delincuenciales que les hacen cobro de piso para dejarlos operar. Pagos todos que ya de por sí representan una importante merma en sus de por sí pequeñas ganancias.
Hostigar al comercio y la venta informal de alimentos parece ir en contra de lo que pregona un gobierno de izquierda, en el sentido de proteger a los menos desfavorecidos, pero en la que en los hechos, es a los pobres a los que se les cancela o restringe la oportunidad de ganarse la vida de una manera digna.
Inspectores urbanos y agentes de policía aprovechan su cargo para exigir pago de cuotas a los vendedores a cambio de dejarlos que sigan trabajando, o para no decomisarles sus mercancías o hasta sus instrumentos de trabajo, como los vehículos en los que se movilizan. Y peor aún es amenazarlos con destruírselos para que no puedan volver a utilizarlos.
Es indignante el trato que reciben de la autoridad quienes tratan de salir adelante en tiempos de adversidad. Se requiere también de su parte una mayor sensibilidad, flexibilidad y solidaridad con quienes, por diversas causas, han quedado fuera de los sistemas formales de empleo. Es de mínima humanidad y sentido común.
