Una dependencia que ha cobrado notoriedad en lo que va del gobierno es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La expresión congelamiento de cuentas se ha vuelto común en lo que va de la administración federal. Así se ha conocido, por ejemplo, del congelamiento de cuentas de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos; en junio pasado, del bloqueo de cuentas de casi 2 mil personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación; en marzo, del congelamiento de más de 12 mil cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas falsas, entre otros ilícitos.
Todo dinero producto de actividades ilegales busca un medio para ingresar al mercado lícito a través del llamado blanqueo de capitales o lavado de dinero. La ley ha facultado a áreas específicas de la administración pública para pueda supervisar los movimientos bancarios sospechosos e inusuales.
En 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, recomendación hecha por el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), el principal organismo internacional en prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, cuyas recomendaciones han sido avaladas por más de 180 países, y al cual pertenece México desde 2000.
La Unidad de Inteligencia Financiera considera que el combate a los grupos delincuenciales debe incluir golpes al corazón financiero del crimen y no solo el descabezamiento de las bandas delictivas, como se hacía en gobiernos anteriores.
Expertos siempre han exigido esa estrategia a las autoridades por considerarla clave para frenar actividades ilícitas. Sin embargo, la rapidez con la que actuó para congelar cuentas bancarias de personajes ligados a protestas en Chihuahua —incluidos los recursos del municipio de Delicias— generan dudas sobre si aún mantiene claro su objetivo principal.
En momentos en que la inseguridad se mantiene en los mismos niveles de sexenios anteriores, la UIF no tendría que precipitarse para actuar de una forma que parece más una represalia política que un acto apegado a derecho. Por el bien general, no debe desviar su camino.
