Más de diez millones de mexicanos resultaron afectados antier por un apagón general de electricidad que se extendió por un mínimo de 12 entidades de la República, incluida la capital del país.
Sigue la opacidad en torno a la explicación del repentino corte del suministro registrado a nivel nacional y han sido varias las razones que se han intentado dar: desde un programa de mantenimiento general de alcance nacional con sustitución de infraestructura, oscilaciones en el flujo eléctrico y hasta incendios de pastizales que afectaron las instalaciones.
Pero detrás de tales justificaciones, subyacen los propios reportes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los que reconoce que el país podría enfrentar interrupciones generalizadas del servicio eléctrico como resultado de recortes en áreas tan sensibles como la del mantenimiento de las instalaciones.
En la politización que ya se da del caso, preocupa la advertencia del Presidente para señalar que es una oportunidad que van a aprovechar sus críticos y adversarios para pedir que se privatice la CFE, pero esto no se trata de un debate político ni de buscar la privatización de un servicio tan indispensable, sino de exigir su optimización, pues conviene a todos los mexicanos, porque tan solo hay que imaginar que en medio de la pandemia, los hospitales y los equipos de refrigeración de las tan apreciadas vacunas quedaran inutilizados.
Está bien que se aplique la austeridad a algunos rubros del gobierno en los que ciertamente había dispendios y excesos, pero aplicar esa misma política de recorte para puntos tan vitales como los de mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones a cargo del Estado, es el primer paso a una catástrofe de escala incalculable, y cuyos primeras señales se están dando precisamente en áreas sensibles como la energía o la salud, donde son los ciudadanos los que están pagando las decisiones erróneas tomadas desde la esfera del poder.
La política energética de este gobierno ha sido sacar a las empresas privadas en el sector, pero vistas las consecuencias y un posible agravamiento a futuro de su situación por la toma de malas decisiones, la pregunta es ¿conviene sacar de la jugada a los empresarios del ramo?, ¿no sería más favorable tratar de incluirlos y repartir entre todos —Estado e iniciativa privada— la carga de un servicio tan esencial e indispensable? Sería lo ideal que la participación de distintos actores que generaran recursos que garantizaran la compra de insumos y el adecuado mantenimiento de la infraestructura eléctrica, así como la debida capacitación al personal relacionado. La moneda está en el aire.
