Cuarenta y nueve días después del apagón del 28 de diciembre en la zona centro-occidente del país, casi 5 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad volvieron a quedarse sin energía eléctrica; en esta ocasión en estados del norte: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas.
Ahora, como hace cinco semanas, la causa es una “falla ajena”. El 28 de diciembre se argumentó que el incendio de un pastizal en Tamaulipas fue la razón del corte, pero días después la CFE reconoció que el dato era falso y atribuyó entonces el apagón a la intermitencia de las energías renovables. Se ordenó una investigación por la presentación de un documento apócrifo, de la cual aún no hay resultados públicos.
Este lunes se informó que la principal causa fueron las bajas temperaturas, que afectaron la importación de gas natural por el congelamiento de ductos y yacimientos; además de la volatilidad en el precio del combustible, que ha tenido incrementos mayores a 5 mil por ciento.
A pesar de que por la tarde la CFE informó que contaba con más de 11 mil 328 megawatts de energía proveniente de otras fuentes de generación para restablecer el servicio eléctrico, por la noche el Centro Nacional de Control de Energía anunció que habría cortes de luz rotativos. Se asegura la reanudación total del servicio, pero la realidad es otra.
En medio de un nuevo tropezón, el gobierno federal ha planteado una reforma a la industria eléctrica para dar prioridad a la costosa energía que produce la CFE, haciendo a un lado a opciones más económicas y amigables con el ambiente, y argumentando narrativas ideológicas en lugar de privilegiar la eficiencia.
En marzo de 2019 fue en Yucatán. En diciembre de 2020 fueron las regiones centro y occidente. Ayer 15 de febrero de 2021 fueron estados del norte. Tres apagones en menos de dos años. Prácticamente todo el país ha sufrido la falta de energía alguna ocasión.
Más que atribuir las fallas a causas externas o que hacer promesas de que los apagones no volverán a repetirse, se requieren inversiones para contar con un sistema eléctrico nacional de calidad y apoyarse en la iniciativa privada —ya incrustada en el sector— en lugar de infundir temor o incertidumbre.