La aprehensión de un exsecretario de la Defensa Nacional representa quizá la punta del iceberg de la penetración que el crimen organizado ha logrado en distintos ámbitos del país.
Para entender la gravedad de la detención del titular de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto —anoche en Estados Unidos, a petición de la agencia antidrogas de ese país—, basta recordar que en México el soporte principal para combatir el flagelo del narcotráfico y su estela de violencia ha sido en las últimas décadas el Ejército mexicano, y desde hace 15 años desempeñando acciones de seguridad pública que corresponden a corporaciones civiles.
Que el mando máximo militar de la administración anterior se encuentre bajo sospecha de ilícitos relacionados con el narcotráfico solo viene a sumarse al proceso que se sigue también en Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán.
En estas mismas acciones se enmarca la detención en 2017, en Estados Unidos —por supuesto— del entonces fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, acusado de tener vínculos con grupos del narcotráfico y quien se declaró culpable en 2019.
Estos tres hechos, apenas los más relevantes de los últimos años, hacen pensar que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que en gobiernos anteriores existía un narcoestado, sus palabras no se encuentran alejadas de la realidad.
Para la vida pública del país será importante conocer los cargos puntuales y evidencias que presente la DEA contra el general Salvador Cienfuegos. La presentación de pruebas solo vendría a confirmar lo que no solo el Presidente menciona sino lo que se ha dicho a lo largo de los últimos años: la estrecha relación entre grupos del crimen organizado y autoridades de los tres niveles de gobierno.
La parte criticable en este escenario es que por enésima ocasión un caso de corrupción o de vínculo con el narcotráfico se conoce por las acciones que emprende la justicia estadounidense, la cual —por lo que se ha visto— no requiere de consultas populares para actuar sino de investigaciones y de acciones decididas para sancionar las conductas fuera de la ley.
