Es tiempo de campañas electorales y ya se presentan incongruencias entre la clase política. Hay 117 aspirantes a ocupar una de las 15 gubernaturas que están en juego; todos prometen en sus discursos que de triunfar encabezarán un gobierno transparente, que rendirán cuentas, pero desde ahora sus acciones exhiben algo distinto. Lo mínimo que se percibe es desinterés en el tema.
Solo 18 de las 117 candidatas y candidatos (15% del total) han hecho realidad el compromiso de presentar antes de las elecciones sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal, de acuerdo con un estudio de Transparencia Mexicana.
De las 15 entidades donde habrá renovación de gubernaturas, hay cinco (Chihuahua, Guerrero, Colima, Nayarit y Zacatecas) en las que ningún aspirante ha mostrado intenciones de transparentar sus bienes, a pesar de que en la arena pública presumen lo contrario. Hace un mes, por ejemplo, Maru Campos, del PAN, destacó que durante su administración como alcaldesa de Chihuahua, esa ciudad se colocó en primer lugar nacional en materia de transparencia. En la misma entidad el abanderado de Morena, Juan Carlos Loera, señaló hace tres días que como mandatario estatal privilegiará “la honestidad, la austeridad y la transparencia”.
A pesar de las palabras, ni ellos ni los otros seis candidatos han informado sobre sus bienes.
El estado donde más aspirantes han transparentado sus bienes son Sinaloa, con cuatro, seguido de Campeche y San Luis Potosí (con tres cada uno). En Baja California Sur y en Sonora únicamente dos candidatos en cada entidad han transparentado su patrimonio; mientras en cinco estados (Baja California, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala) solo un candidato presentó su información patrimonial.
Cumplir con el ejercicio de presentar las tres declaraciones (patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal) envía desde ahora a la ciudadanía el mensaje de que no tienen nada que ocultar y que los pocos o muchos bienes que acumulan son producto de trabajos honestos. La continuación de esa práctica –de resultar ganadores– permite también que la sociedad sea vigilante del buen desempeño de quienes asumen un cargo de representación popular.
Los que están participando en la contienda parecen creer que es fácil engañar al electorado o hacer promesas que desde ahora se incumplen, pero la ciudadanía esta cada vez más informada. El resultado del 6 de junio dirá a qué aspirantes privilegiaron los votos: a quienes abrazaron los embustes o a quienes actuaron con congruencia.
