La captura de José Antonio Yépez, El Marro, líder del llamado cártel de Santa Rosa de Lima, no significará en automático una disminución de la violencia en Guanajuato. Si así fuera, el país no habría entrado en la espiral de homicidios dolosos en la que se encuentra desde hace más de 10 años. Decenas de capos han sido capturados y la situación no ha hecho más que empeorar.
Seguramente habrá un periodo de relativa calma mientras vienen los reacomodos en la agrupación delictiva, pero EL UNIVERSAL adelanta hoy que las autoridades prevén que padre y hermano de El Marro pasen a encabezar las actividades delictivas.
No por ello la noticia de la captura del criminal debe menospreciarse. Se trata de quien hace unas semanas lanzó una amenaza frontal al gobierno, luego de la captura de su madre y hermana.
Esta política de capturar jefes criminales es la que ha caracterizó a los gobiernos federales anteriores, con nulos resultados en la pacificación del país. A diferencia de administraciones anteriores, este gobierno está cerrando también la llave de recursos a grupos criminales por medio del congelamiento de cuentas bancarias a sus principales figuras, aunque en 20 meses de gestión no ha logrado frenar las operaciones delictivas ni los elevados índices de criminalidad. No basta con decapitar a las bandas.
En Guanajuato, la cooperación estatal-federal tendría que reforzarse para no dejar el camino libre al Cártel Jalisco Nueva Generación que mantenía una disputa con el grupo de El Marro por el control de las actividades ilícitas.
En el combate al crimen es urgente cerrar la pinza en todos los flancos, no debe decaer la cooperación en todos los niveles, consolidar las investigaciones a las cuentas bancarias de los criminales, así como retomar la ruta de legalización de drogas como la marihuana, porque mientras no haya violencia, de nada servirán los golpes esporádicos a los grupos criminales.
