Con su mayor incremento anual en las últimas dos décadas, el índice de inflación general es resultado de aumentos en insumos básicos para la alimentación de los mexicanos (como el jitomate y el tomate), así como en alzas en las tarifas del suministro eléctrico, toda vez que concluyó el subsidio de verano que otorga el gobierno en varias regiones del país.
Lo más grave es que la inflación puede neutralizar el gasto social y por más que el gobierno invierte y reparte apoyos económicos entre las capas más desprotegidas de la población, la meta de bienestar buscada por el gobierno queda cada vez más fuera de alcance para los sectores más marginados de la sociedad, pues las alzas de precios golpean especialmente en suministros ineludibles para las familias, como lo son los productos de la canasta básica.
En la confluencia de varias situaciones adversas (reducción de actividades por la pandemia, pérdida de empleos, depauperización laboral), la inflación creciente inutiliza los beneficios otorgados por el gobierno a las clases más vulnerables económicamente y genera las condiciones para un escenario de estanflación .
Ante este panorama con un segundo mes consecutivo de repunte inflacionario, no hay apoyo económico, pensión o beca que por sí solo ayude a los pobres a solventar su situación, y mucho menos que les posibilite a romper con el círculo de pobreza. Y es que la inflación se ha encargado de aminorar el beneficio repartido entre los sectores de escasos recursos.
Esto importa porque en México, el 40.7% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral, con pauperización salarial, en el trabajo informal o incluso en franco desempleo.
Por un lado está bien que el gobierno mexicano fortalezca sus programas sociales, pero para que estos puedan generar bienestar, es necesario que también sea el propio gobierno el que cuide que no se dispare la inflación, puesto que ésta pulveriza los alcances y posibles beneficios sociales de la cuantiosa inversión que se hace para amortiguar la pobreza.
Una de las funciones del Banco de México consiste justamente en proteger la economía para evitar la inflación, por lo menos al interior del país, ya que no puede evitar los embates de la economía internacional y los movimientos de los mercados mundiales. Pero si se quiere establecer que la prioridad es primero para los pobres, se debe procurar protegerlos de estos golpes a su ya de por sí afectada economía.