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Hace una semana la opinión pública conoció el asesinato de Ingrid Escamilla y se indignó por ello, como se ha indignado por decenas de feminicidios anteriores. Esta vez otro caso conmueve y exacerba a la ciudadanía. Fátima, una menor de 7 años de edad fue encontrada sin vida en la alcaldía Tláhuac con signos de abuso sexual y tortura.
Como en otras ocasiones, hay negligencias en distintos niveles de la autoridad, que pudieron haber incidido en el desenlace. A Fátima se la llevó una mujer desconocida al salir de la escuela el martes 11. ¿Por qué se permitió que a la niña la recogiera una mujer sin parentesco alguno?
La familia relata que apenas unas horas después de desaparecida la menor acudieron ante el Ministerio Público en el sur de la ciudad a levantar la denuncia. Ahí, además de que los enviaron a oficinas de Azcapotzalco (al otro lado de la ciudad), recibieron la respuesta ampliamente conocida: no pueden actuar mientras no hayan pasado 72 horas de la desaparición. Ayer se mostró un video en el que se ve a la menor acompañada de una mujer, minutos después de haber salido de la escuela. ¿Por qué no se revisan las cámaras en los minutos posteriores a cualquier denuncia de desaparición? Si hay obstáculos para tener acceso inmediato a las imágenes que graban las miles de cámaras que vigilan la capital, ¿cuánto tiempo tomará agilizar ese proceso?
También se dio a conocer que desde 2015 había reportes de maltrato y descuido emocional hacia Fátima; en ese entonces la menor contaba con apenas dos años de edad. ¿Por qué se busca revictimizar a una familia?
Las denuncias parecen perderse en el marasmo burocrático. No hay que olvidar que el asesino de Ingrid Escamilla ya había sido señalado ante la autoridad por violencia familiar.
Hasta ahora la insensibilidad parece instalada entre las autoridades. La sociedad es la que alza la voz y exige castigo para ese tipo de casos. La presión social es la única que puede sacar del letargo a la autoridad. Mientras el clamor persista, habrá esperanza de que se produzca un cambio en quienes tienen la encomienda de brindar seguridad y actuar ante el crimen.
Acciones claras contra el feminicidio y una constante actualización de ellas resultan indispensables si la voluntad real es modificar una trágica realidad nacional.
