Hace un año a la par de que lastimosamente terminaba la vida de 96 personas, cambiaba no solo la vida de todo un pueblo, sino que muchas cosas en el país ya no volvieron a ser igual y muchos conceptos sobre pobreza, bienestar y equidad social tuvieron que reformularse en la vida nacional.
La explosión de un ducto de gasolina, perforado por los pobladores para extraer su contenido con el objetivo de venderlo clandestinamente, atrajo a cientos de personas que no midieron el peligro y que terminaron viéndose afectadas cuando alguna de ellas produjo la chispa que terminó generando una gigantesca explosión que transformó un campo de labranza en un infierno.
Estudios sociodemográficos demuestran que en el lugar donde se vivió la tragedia, Tlahuelilpan, Hidalgo, se vive una situación de pobreza endémica, donde un 80 por ciento de sus pobladores están por debajo de la línea de bienestar, es decir que sus ingresos ni siquiera llegan a los dos mil pesos mensuales. Lo anterior explica en parte que los habitantes del municipio, como en muchas otras comunidades, hayan encontrado en el robo de combustibles una forma de obtener un dinero extra para paliar sus necesidades más inmediatas.
Dentro de las múltiples lecciones dolorosamente aprendidas en Tlahuelilpan está el comprobar que un sector de la sociedad mexicana considera válido transgredir la ley bajo la justificación de que su estado de pobreza se lo permite. Esto se verifica en muchos niveles que van desde ignorar el reglamento de tránsito hasta el conectarse de forma clandestina a la red de suministro de energía eléctrica, hacer actos de rapiña cuando un camión de reparto de mercancías sufre un accidente o saquear comercios de manera tumultuaria en medio del caos suscitado por desastres naturales o revueltas públicas.
La entrada en funciones de un nuevo gobierno en México debió haber supuesto una victoria moral que trajera consigo un cambio de mentalidad y una nueva actitud de la población. Sin embargo y pese a la magnitud de tragedia y del drama humano vivido en Tlahuelilpan, el problema del huachicol persiste y se han seguido registrando fugas por robo de combustible que si bien no han sido de las dimensiones de la suscitada hace exactamente un año, sí han vuelto a poner en riesgo a comunidades enteras.
Cuando un pueblo es parte de un problema es más complicado resolverlo y ningún cuerpo de seguridad es suficiente o adecuado para poner orden o siquiera intentar ejercer control sobre individuos que ven en la comisión de delitos un acto de revancha social o, por lo menos, un esfuerzo por compensar lo que sienten les ha sido negado. Esta visión debe cambiar por el bien de México.
