Dentro de la estricta política de austeridad emprendida por este gobierno, una de las instituciones que lucha por justificar su existencia es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), que se ha apegado en la mayor medida de sus posibilidades a un régimen de ahorro y operando casi sin generar más gastos de los estrictamente necesarios para su funcionamiento.
Esta institución se encarga de vigilar en especial que el Estado y sus diversas ramas operen con transparencia y rendición de cuentas, atendiendo las denuncias y señalamientos que se hagan cuando en alguna de ellas no se cumpla a cabalidad con los objetivos para los que ha sido creada o cuando alguno de sus miembros no respete los lineamientos o reglamentos internos con el propósito de obtener un beneficio personal, para lo cual se procede a hacer una investigación y deslinde de responsabilidades.
Dentro de un proyecto de gobierno que se contempla a sí mismo más que una administración sino como un movimiento de transformación y renovación de las instituciones estatales, y para lo cual ha hecho del combate a la corrupción su principal bandera como medio para lograr la erradicación de los males heredados del pasado, resulta paradójico que se haya pensado en prescindir del mecanismo mediante el cual podría materializar ese objetivo esencial.
La lucha anticorrupción no es un asunto de voluntarismos, un líder que se dice honesto no garantiza que todo la estructura de gobierno esté por ese solo detalle blindada contra actos de abuso y mal uso del poder. Sin duda son necesarios líderes honestos que inspiren y pongan el ejemplo a los funcionarios de todos los niveles que están bajo ellos en la pirámide del servicio público, pero aun así la honestidad por sí sola no permeará a todas las capas del gobierno. Y es para eso que se requiere, tal vez hoy más que nunca, un sistema anticorrupción como al que se tiene en la mira para desaparecer.