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De una población de más de 198 mil presos que se encuentran recluidos en diversos centros de readaptación social distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, sólo alrededor de unos 32 mil internos podrían aspirar a verse beneficiados con la libertad en caso de que el Congreso de la República apruebe la propuesta de Ley de Amnistía presentada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y es que la última cifra consignada corresponde a las personas que actualmente purgan una condena en penales federales, mientras que el resto, unos 166 mil presos (que representan un 84% del total) lo hacen en instalaciones controladas por los gobiernos de los estados, lo que los hace quedar fuera de la iniciativa de perdón presidencial, toda vez que ésta solo tiene alcance para quienes estén presos en penales federales, mas no así en los estatales, que se rigen bajo legislaciones locales.
Adicionalmente, debe considerarse que el número de presos que pueden quedar contemplados dentro del programa de amnistía federal es aún considerablemente inferior pues el perdón solo aplicaría para delitos menores como el robo simple, el aborto o la sedición, que son precisamente los que saturan los penales estatales, mas no así los federales, que se reservan para crímenes graves como los relacionados con la delincuencia organizada. En este universo de gente en prisión, existe una inmensa cantidad de inocentes que están injustamente privados de su libertad por faltas que no cometieron o que tal vez se vieron obligados por las circunstancias a delinquir, incluso contra su voluntad, y a quienes la esperanza de acogerse a la amnistía presidencial parece evaporarse por callejones legales.
Lo anterior hace visible la necesidad de encontrar también en los estados un mecanismo para atender a esa población que ha sido acusada injustamente de delitos graves. Para nadie resulta una novedad saber que ha sido la costumbre en México que agentes policiacos detengan y presenten como culpables a personas que tuvieron muy poca o ninguna relación con los hechos que se les imputan, o que apenas circunstancialmente estuvieron en el lugar de los hechos y de ahí que se les vincule con crímenes que no cometieron o en donde no conocían a personas con las que después se les haría señalamientos de complicidad. Es, por donde se le vea, injusto para estas víctimas estar atrapadas en una estructura que penaliza a inocentes y que lo que menos procura es justicia. Corresponde a los legisladores de ambas cámaras hacer una revisión a conciencia de los alcances que pueda tener la ley de amnistía para beneficiar en primer lugar a esa gente encarcelada injustamente.
