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Finalmente el riesgo de que el Covid-19 entre a las prisiones y reclusorios mexicanos, con un casi seguro desenlace de contagio masivo, que afectaría no solo a los internos sino al personal de custodia y familiares que los visitan regularmente, ha hecho necesario que desde la Presidencia de la República se pida al Senado acelerar la aprobación de la Ley de Amnistía.
Apenas el domingo pasado organizaciones de la sociedad civil advirtieron en páginas de EL UNIVERSAL que es muy difícil de evitar una propagación masiva del coronavirus entre la población carcelaria mexicana, que asciende a más de 200 mil reos.
La demanda de acelerar la aprobación de la citada ley es quizá un poco tarde, pero si se actúa con de manera adecuada puede evitar un drama innecesario.
Estimaciones de especialistas han señalado que la amnistía, por su carácter federal, significaría desfogar apenas 5% de la población total de los centros de reclusión, porcentaje en el que se encontrarían unas 6 mil personas retenidas por portación de sustancias prohibidas de consumo personal, como la marihuana.
Ello significaría reducir en algo la posibilidad de contagio para personas que tal vez no deberían estar privadas de su libertad por la poca gravedad de su delito o por las condiciones injustas que las pusieron tras las rejas, sin embargo deben esperar ahora que los senadores puedan sentarse a aprobar definitivamente la medida, toda vez que por la misma contingencia no les es posible sesionar.
Al Poder Legislativo le ha faltado adaptarse a los tiempos de confinamiento. Mientras otros sectores del gobierno han comenzado a emplear la teleconferencia como reemplazo de las reuniones y juntas presenciales, incluso la Corte ya adelantó que sesionará echando mano de ese recurso tecnológico, en el Congreso aún no hay señales de adoptar la tecnología para tratar de continuar una tarea esencial para el país.
De aprobarse finalmente, la amnistía se implementaría con carácter federal, por lo que una medida similar tendría que adoptarse en los estados para presos por delitos del fuero común, que sin duda constituyen el grueso de la población penal susceptible de verse beneficiados por el recurso de amnistía. El país se encuentra en medio de una emergencia, es urgente actuar para evitar la mayor cantidad de consecuencias fatales para personas que no merecen estar en prisión.
