Una vez aprobada por la Cámara de Diputados la miscelánea fiscal para el ejercicio 2022, queda en el Senado de la República su ratificación para efectos constitucionales. Y entre las modificaciones o novedades que incluyó el paquete, está una reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la que se establecen límites a donaciones y aportaciones de las personas físicas para que no sean mayores al 15% de sus ingresos acumulables ni su deducibilidad pueda exceder de un 7% en el caso de las personas morales.
El argumento de las autoridades es que los donativos y la deducibilidad se empleaban por particulares y algunas grandes empresas para evadir el pago de impuestos y desviar recursos, por lo que con las nuevas restricciones se garantizará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes.
Pero se estima que con las reformas fiscales, las organizaciones de la sociedad civil podrían dejar de percibir, en conjunto, un rango de recursos monetarios que podría ir desde los 1,500 millones de pesos hasta los 8 mmdp.
Limitar las aportaciones económicas a asociaciones, fundaciones, patronatos u otras entidades consagradas a actividades altruistas, como aquellas que se dedican a reunir recursos y coordinar médicos y hospitales para efectuar operaciones para personas que no pueden sufragarlas y que algunas por su naturaleza o por el gran equipo humano y tecnológico que implican, necesariamente constituyen fuertes erogaciones monetarias que seguramente excederán los límites establecidos por las autoridades fiscales, es atentar incluso contra el derecho a la vida.
Con la medida no sólo se afecta a los numerosos beneficiarios del servicio que dispensan los organismos y asociaciones constituidos de beneficencia, sino que además se pone en riesgo más de un millón de puestos de trabajo de personas que se encuentran empleadas en esas organizaciones civiles, sin contar el número de voluntarios que han hallado en el altruismo una razón de satisfacción personal.
Lo justo es que ahora que la decisión pase a su terreno, pedirle a los senadores que consideren que las organizaciones civiles son el canal de atención para muchas causas y problemas que el gobierno no está atendiendo o que dice atender pero que por su propia naturaleza de lentitud burocrática no puede hacerlo en los tiempos en que se requiere o no de manera tan cercana y eficiente como sí lo llegan a hacer las organizaciones independientes. Con ello harán un beneficio mayor al que resultará sólo de incrementar la recaudación fiscal.