Si un grupo ha sido blanco de acoso en México y en los últimos meses ha sido el de los migrantes. Los que logran ingresar a Tapachula deben esperar por largo tiempo para recibir una respuesta de autoridades migratorias, mientras tienen que enfrentar adversidades en medio de la indefensión.
En los casi dos últimos años, y por diversos motivos, migrantes han tenido que tramitar, de forma personal o por medio de ONGs, amparos ante jueces y tribunales federales mexicanos, que han emitido ya poco más de un centenar de resoluciones relacionadas con sus casos.
Entre los reclamos más frecuentes por los que grupos de migrantes están interponiendo amparos ante los juzgados mexicanos están asuntos como el de la violación de sus derechos humanos al momento de ser objeto de detenciones, falta de reconocimiento de su estatus de refugiados o por malas condiciones sanitarias durante su estancia en estaciones migratorias que ponen en riesgo su salud.
Gracias a su decisión de ampararse, algunos de los demandantes han obtenido beneficios que van desde la mejora en sus condiciones de estancia migratoria —incluida la asistencia integral a menores de edad— hasta la obtención de su libertad o la suspensión provisional o definitiva de procesos judiciales en su contra.
Entre los beneficios logrados destaca que en Chihuahua se ordenó al gobierno del estado proveer atención especial para prevenir contagios de Covid-19 entre la población migrante.
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advierte que la política por la cual se obliga a los migrantes a esperar en México mientras aguardan respuesta de Estados Unidos a sus peticiones de refugio humanitario, los coloca en condiciones de vulnerabilidad, que se traducen en riesgos potenciales contra su seguridad y bienestar al verse obligados a esperar bajo condiciones insalubres de hacinamiento y falta de higiene, alimentación, educación y cuidado de su salud.
Así, mientras por un lado nuestro país hace unos meses recibía a ciudadanos afganos jactándose de su humanitarismo, otros migrantes afectados por decisiones u omisiones oficiales tienen que acudir ante el Poder Judicial para buscar que el Estado les brinde atención oportuna en lugar de un trato hostil y discriminatorio. Sin embargo, con las resoluciones en favor de los migrantes, el Poder Judicial ratifica su independencia y autonomía en favor de grupos desprotegidos.