Directo y amenazante, un grupo del crimen organizado se planta ante una cámara para grabar un mensaje contra varios medios de comunicación (específicamente contra la periodista Azucena Uresti) por la cobertura periodística que se está realizando de la zona sin ley en que se ha convertido una región de Michoacán, donde grupos armados se enfrentan a la luz del día.
EL UNIVERSAL no reproduce ese tipo de mensajes, pero por la importancia y la respuesta que hubo del gobierno federal, se valoró como nota periodística y se difundió en sus distintas plataformas.
La sola escena de hombres encapuchados con armas de alto poder que cobijan a la persona que lee el mensaje representa un desafío más para las instituciones del Estado y la enésima amenaza para quienes ejercen el periodismo en este país.
Si los grupos criminales han escalado a los niveles actuales, en los que amenazan a la prensa sin temor a la acción de los cuerpos de seguridad, es precisamente por la impunidad. Asesinar a periodistas no tiene castigo prácticamente en el total de los casos. A pesar de los llamados nacionales e internacionales para proteger la labor de la prensa, este gobierno y los anteriores han sido incapaces de lograrlo.
La prensa no es un gremio en busca de privilegios, pues cumple la función de informar a la sociedad desde diversos puntos de vista, situación normal en naciones democráticas, donde la variada gama de opiniones es la regla. En la Constitución Política mexicana el artículo 6o. establece: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Hasta ahora únicamente ha prevalecido la pasividad de las autoridades correspondientes ante las agresiones a trabajadores de la prensa.
El grupo que asume la emisión del mensaje cuenta con enorme poder de fuego y ha dado muestras de que lo ejerce sin miramientos: hace poco más de un año atentó contra el jefe de la policía capitalina y en su historial de violencia se encuentra el derribo de un helicóptero militar.
Este inédito embate a libertad de expresión es el más frontal que se haya dado por parte de un grupo armado. ¿Cuál será la estrategia gubernamental ante este nuevo embate? El derecho humano a la información está en riesgo.
