Hoy que se efectúa el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, que cumple su trigésimoprimera edición, salta a la vista que pese a los avances en favor de la despenalización del aborto, tan solo en lo que va de este año fueron abiertas en el país 480 carpetas de investigación por el delito de aborto y que en algunos estados se le tipifica como “homicidio en razón de parentesco”, en vez de interrupción del embarazo.
La situación anterior es muestra del grado de criminalización que enfrentan las mujeres y lo que complica obtener datos precisos de las mujeres bajo proceso judicial o encarceladas por recurrir al aborto, puesto que se les pone al nivel de filicidas, cuando los contextos de ambas situaciones son completamente opuestos y no pueden considerarse equivalentes.
No cabe duda que sí tuvo sentido el fallo de la Corte el pasado 7 de septiembre en favor de la despenalización del aborto, pero todavía hay cientos de casos en el país que siguen juicios relacionados con interrupciones de embarazo sin siquiera considerar que quienes recurrieron a dicho proceso, tanto por cuestiones de salud o por así convenir a sus intereses, en realidad están bajo procesos penales simplemente por haber ejercido su libertad de elección.
A la serie de trabas que representan y los necesarios cambios de mentalidad en la sociedad, se suman las modificaciones que todavía aguardan por efectuarse en los marcos legales del país pues, por ejemplo, tres estados de la República consignan en sus constituciones locales la protección de la vida desde el momento de la concepción, lo que representa un obstáculo técnico para emprender las reformas necesarias en los códigos penales, pues se enrarece con conceptos de índole moral lo que debería ser una decisión que sólo atañe a la mujer que desea interrumpir su embarazo.
El ofrecer una despenalización es pagar una deuda de años de los sistemas de gobierno hacia las mujeres, y un primer paso para hacer de la interrupción del embarazo una opción médicamente segura para quienes por la causa que sea, no desean ser madres. La sociedad debe apoyar en este sentido y presionar para que se reformen los códigos penales de los estados que aún clasifican la interrupción o el aborto como delito y que sancionan tanto a la abortante como al médico que lo ha practicado. Es facultad de las mujeres y el personal de salud por un horizonte sin criminalizaciones y por el ejercicio de su libertad y su derecho a elegir.