Las instituciones en México han evolucionado en un proceso que tiene como objetivo no solo fortalecerlas, sino dotarlas de autonomía para que posean la capacidad de ir adaptándose a nuevos paradigmas. Ello ha permitido ganar en efectividad y eficiencia para consolidar un Estado liberal de Derecho, de justicia y de libertad. Pero lo anterior no pudiera lograrse sin la piedra angular y pilar fundamental que significa el principio de separación de poderes. La autonomía del poder judicial es condición “sine qua non” para garantizar a la sociedad paz, tranquilidad e igualdad frente a la ley; así como el participar en la gobernanza.
La realidad mexicana, en el caso de las instituciones públicas, ha sufrido una especie de metamorfosis jurídica, particularmente en los Poderes Judiciales, los que se han visto sacudidos por una serie de reformas constitucionales y reformas a leyes secundarias que han transformado la fisonomía de las instituciones judiciales y administrativas.
Sin embargo, la tarea de consolidar un verdadero y auténtico Estado liberal de Derecho es una asignatura aún pendiente e inacabada, sufriendo anomalías y retrocesos legislativos que han impedido consolidar los dos cimientos más importantes de un Estado liberal que son una auténtica separación de poderes y una completa y absoluta independencia judicial. Cito a Fix Fierro: “En México el Poder Judicial, más que tercer poder ha sido considerado un poder de tercera”.
La Judicatura hoy mismo está compuesta por personas altamente capacitadas y especializadas, pero ignoradas y a veces injustamente perseguidas. Varios de sus miembros han sido objeto de amenazas, venganzas y ataques sin más justificación que el buscar revancha por una sentencia que causó daño a intereses particulares; ejecución de agendas de odio y rencor por parte de quien se vio afectado. Desgraciadamente, nuestro sistema no está confeccionado para proteger al juzgador y mucho menos a quien ha dejado de serlo. Por lo mismo, el Estado debería prever mecanismos de protección para los jueces (en funciones o en retiro). Debe legislarse en este sentido para que ellos decidan con paz y tranquilidad en los asuntos que tengan que juzgar, para que decidan con plena autonomía e independencia y no pensando en las revanchas personales de quienes se vean afectados. Un principio del Estado de Derecho es que la ley debe estar por encima de cualquier persona, en todo tiempo y en todo lugar. Por ello, los tribunales de justicia nunca deben ser utilizados como instrumento de venganza o linchamiento.
Lo cierto es que nuestra judicatura ha tenido momentos de esplendorosa actuación en donde su independencia ha brillado deslumbrantemente; pero ha habido otros en los que ha tenido una grosera ausencia y en los que ha sido utilizada como instrumento de venganza.
El reclamo central es que los poderes judiciales deben ser libres, autónomos e independientes sin límite de ninguna especie, si es que realmente pretendemos vivir un México liberal, justo y soberano. Atentar contra esos principios significa atentar contra el Estado mismo.
Nuestra historia dice que los poderes judiciales difícilmente han sido considerados tema importante de los debates; la parte medular de las discusiones legislativas están enfocadas a leyes relacionadas con los Poderes Legislativo y Ejecutivo porque estiman que la administración es la mayor prioridad.
Hoy debemos ocuparnos en contestar si debemos o no poner mayor atención y brindar mayores apoyos al poder judicial (en la esfera federal y estatal), entendiéndose a éstos como el principal instrumento de un Estado verdaderamente liberal en el que los aparatos que procuran y administran justicia deberán ser los principales apoyos de la democracia, evitando a toda costa que éstos sean utilizados como instrumento de venganza.
Magistrado del TSJCDMX y exembajador de México en los Países Bajos
