Actualmente, los conflictos internacionales tienen un raigambre más ideológico que jurídico. ¿Cómo resolver problemas que no se sustentan en razones jurídicas, sino en preferencias personales? No tengo dudas de que nuestro canciller, Marcelo Ebrard, ya tiene una respuesta a estos imbricados y agudos problemas, pues tiene la experiencia política y la inteligencia jurídica para hacerlo; ya lo ha hecho antes y, también, lo logrará ahora.
Aún así, es necesario revisar las razones jurídicas e históricas de por qué considero que el problema se escapa de la razón jurídica. Desde las primeras décadas del siglo XX, México, a través de su Secretaria de Relaciones Exteriores, estableció con firmeza que las relaciones internacionales deberían limitarse por la regla básica de la no intervención entre las naciones. Esto es, el respeto a la soberanía, que no sólo implica el respeto a la autodeterminación, sino también, al libre desarrollo de los pueblos, fue la clave central de nuestra política exterior por muchos años. Una forma de conducirse, tan respetada y exitosa, que más tarde fue adoptada por muchas otras naciones; fundamentalmente latinoamericanas, pues al contrario de nosotros, durante la década de los 30 se estableció en los países latinoamericanos una doctrina que hacía necesario el reconocimiento de otras naciones sobre los gobiernos locales para darles validez y legitimidad (la famosa doctrina Tobar); sobre todo, para evitar el reconocimiento de gobiernos instalados a través del uso de la fuerza y de las armas. Ante esa clase de “aceptables injerencias”, México siempre prefirió favorecer la fuerza del derecho al derecho de la fuerza.
La doctrina mexicana, explicitada en nuestro ordenamiento jurídico, estaba dirigida a fomentar la paz entre los pueblos. Permitir que cada quien resuelva sus conflictos de la manera que mejor les convenga.
Esta política exterior no estuvo ausente de críticas y opositores. Desde antaño se ha tratado de justificar el derecho a la injerencia para permitir que las naciones (casi siempre, las más fuertes) pudieran establecer su poder en territorio ajeno. Desde el colonialismo que sostenía razones religiosas primero y civilizatorias después, hasta el siglo pasado que se argumentaron razones de geopolítica hasta las modernas razones humanitarias.
Sin importar mucho de qué lado nos coloquemos, intervencionistas o no intervencionistas, siempre se han tratado de justificar tanto una como otra a través de argumentos jurídicos. Es decir, a través de razones que todos los pueblos podamos aceptar como válidas; llegando a un sistema internacional que favorezca la no intervención salvo en determinadas circunstancias muy específicas reconocidas y avaladas por el conjunto de naciones.
Empero, en los últimos años, el intervencionismo no sólo ha dejado de lado las razones jurídicas, sino que ha incluido cuestiones de carácter ideológico para hacerlo; al grado de que desde distintas naciones se favorece o se repudian candidatos o partidos de otras naciones.
El caso del brasileño Jair Bolsonaro, quien hizo campaña a favor del argentino Mauricio Macri; la respuesta de Alberto Fernández, rival de Macri, al alinearse con la política de Lula da Silva y su clara intervención a favor del ahora derrotado Frente Amplio de Uruguay. También, Evo Morales, quien apoyaba a Fernández, mientras se le caía la reelección en su país y su consecuente renuncia como presidente. Este último hecho, agravando de manera formidable las interferencias ideologizadas en el continente. Ya que para naciones, como EU y Brasil implicaba el regreso de la democracia a Bolivia y, para otros, como México y Argentina, implicaba un golpe de Estado.
Sin embargo, obsérvese que todas estas intervenciones no tienen sustento jurídico alguno. Todos se relacionan con preferencias ideológicas y partidistas específicas, las cuales, según los acuerdos internacionales y los acuerdos jurídicos previamente establecidos, deberían mantenerse fuera de toda injerencia internacional.
¡Feliz año nuevo!
Magistrado del PJCDMX.
Ex Embajador en Países Bajos
