En México, el Sistema Nacional Electoral se compone por tres tipos de autoridades: la administrativa , encargada de la organización de las elecciones, teniendo como autoridad rectora al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), encargados de las elecciones en cada entidad del país; la jurisdiccional , integrada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como por los tribunales electorales locales; y, por la autoridad de procuración de justicia en materia penal-electoral, representada a nivel federal por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y a nivel local por las fiscalías especializadas estatales.
Cada una de estas autoridades tiene muy bien definidas sus competencias y facultades, mediante esta división de actividades se cumple con el propósito de otorgar firmeza y certidumbre jurídica en el cumplimiento de sus funciones, de igual forma, se garantiza que cada acto de autoridad se ajuste a los términos y plazos previstos legalmente.
Es ya una costumbre en nuestro país que, después de cada elección se hagan reformas en materia político-electoral, algunas necesarias para eficientar y actualizar normas y procedimientos, con ello, se puede decir que nuestro sistema electoral se mantiene al día y es, sin lugar a dudas, un sistema de vanguardia, es por ello que constantemente se tienen visitadores y observadores electorales, no solo durante el proceso o la jornada electoral, fuera de proceso nos visitan para conocer y llevarse a sus países algunas buenas prácticas.
Se puede decir que, desde hace unos tres años aproximadamente, se habla acerca de una gran reforma electoral, impulsada por diversos actores políticos y con temas que en realidad son más de forma que de fondo y algunos de estos temas al carecer de motivos y fundamentos, más bien parecen berrinches o caprichos.
Sí, si se requiere una reforma, pero una reforma que fortalezca y coadyuve a cumplir de mejor manera con las funciones encomendadas a cada institución, una reforma que, por ejemplo, contemple todas las acciones afirmativas que se han tomado y les dé un mayor sustento jurídico plasmando su definición y obligatoriedad desde nuestra Carta Magna y los procedimientos para su cumplimiento en las leyes correspondientes.
Al final de cuentas, todos los actores involucrados en una posible reforma político-electoral deben de tomar en cuenta y tener como único objetivo el que las reglas del juego sean lo más claras posibles, sean equitativas y doten de armas jurídicas a las autoridades quienes con su actuar seguirán haciendo todo lo posible por dar certeza, tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos, candidatos y agrupaciones políticas.
Los tres tipos de autoridades mencionadas al inicio, tienen la obligación de hacer, y hacerlo bien, lo que mandata el marco jurídico, pero, quienes tienen la oportunidad de legislar, tienen también la obligación moral de ver más allá de los intereses de uno u otro partido, es su deber velar y buscar los mecanismos legislativos que auxilien en el fortalecimiento de nuestra democracia.
Existen muchos temas en los que muy bien se podría invertir todo el intelecto y expertise de las y los legisladores, por mencionar tan solo una idea podemos señalar los requisitos para obtener el registro como partido político, ya sea nacional o local. Muy bien se podría hacer un estudio analizando los resultados y el tiempo de vida de la gran mayoría de estos partidos políticos, el cual prácticamente es de una elección, poner en blanco y negro los costos y beneficios de estos efímeros partidos, pero no para sus dirigentes o como partidos satélites de algún partido más grande, cuando hablo de costos y beneficios me refiero a lo que dejan estas cortas apariciones políticas a la democracia, realmente promueven la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyen a la integración de los órganos de representación política o hacen posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, tal y como lo mandata el artículo 41 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es cierto que existen muchas cosas que se pueden mejorar en nuestro sistema electoral, pero para ello los actores políticos deben de ser objetivos y no caprichosos, el mensaje que se debe dar tiene que ser de confianza y madurez.
Para concluir y parafraseando una de las máximas de Edward A. Murphy podríamos decir que, si algo funciona bien y no puedes hacer nada que realmente lo mejore, mejor no lo toques.
