La confianza que la ciudadanía deposita en los órganos de representación, es uno de los principales factores que incentivan su participación en los asuntos públicos y a la vez con la perdida de ésta se puede terminar de manera anticipada un proyecto de gobierno. Desde el año 2021 con la promulgación de la Ley Federal de Revocación de Mandato en nuestro país ya es posible hacer esta evaluación. Pero, ¿cómo poner en marcha un procedimiento de esta naturaleza cuando existen vicios de origen?
Lo anterior resulta importante en estos tiempos en los que se desarrolla un ejercicio de participación ciudadana como es la revocación de mandato de la persona titular de la presidencia de la república en el cargo por pérdida de confianza, que tiene como objetivo definir la conclusión anticipada del titular por considerar un mal desempeño.
Por ley, para llevar a cabo esta práctica es necesario entre otros requisitos:
Que lo solicite la ciudadanía
Que el número de firmas de los solicitantes represente por lo menos el 3% de la lista nominal en al menos 17 entidades federativas.
Para el proceso actual, esta cantidad asciende a 2,758,227 apoyos.
El proceso para la recepción de dichos apoyos finalizó el día 25 de diciembre del 2021, con un total de 11,103,938 de firmas, durante la etapa de verificación con corte al día 11 de enero de 2022, se han identificado 586,823 registros con inconsistencias, entre las cuales se encuentran, firmas no válidas, sin firma o huella, credencial no válida, foto no válida, datos no encontrados, bajas del padrón electoral, defunciones, duplicados, entre otros.
Este más de medio millón de firmas, pareciera un número menor comparado con los aproximadamente once millones que se entregaron, no obstante, es importante dimensionar el trabajo operativo que implica su revisión.
Tomando en cuenta que es uno de los requisitos el que la revocación de mandato sea solicitada por la ciudadanía, resulta implícito que la figura del promovente es de carácter voluntario y su trabajo sería avalado por las personas con las que interactúa, sin importar el número de registros presentados, no obstante, se sabe de algunos casos donde promoventes han sido destituidos por malas prácticas en su quehacer, donde pareciera que tienen un número mínimo de apoyos por entregar y en el afán de cumplir utilizan cualquier método a su alcance.
Con lo anterior se puede inferir que eran personas que estaban recibiendo una remuneración por sus servicios, pues es evidente que cualquier individuo que le destine tiempo, recursos y trabajo a recolectar las firmas ciudadanas, reciba una gratificación por determinada cantidad de registros entregados, por lo que el resultado no podía ser de forma distinta, haciendo lo posible por allegarse de la mayor cantidad de firmas sin importar el origen.
Todo ello no tendría mayor complicación, si a quienes se encuentran trabajando en la recolección de firmas no se les hiciera pasar por voluntarios, sino personas que reciben un pago por sus servicios, lo que no sería válido en un proceso de revocación de mandato, ya que no se cumple con la premisa de que es la ciudadanía quien lo solicita.
Con este tipo de prácticas, lo que se genera es un escenario de desconfianza, donde la autoridad electoral juega un papel determinante en los procesos de revisión, toda vez que lo que se busca es garantizar que la ciudadanía pueda estar segura qué lo que se está haciendo se está haciendo bien.
Si bien el más de medio millón de firmas con inconsistencias no es determinante para que se realice la consulta, el costo que representa para la autoridad electoral es alto, dado que para realizar la verificación se utilizan recursos tecnológicos, humanos y materiales que no serían necesarios si de manera colectiva se confiara en que los apoyos están siendo recabados por ciudadanos que no tienen mayor interés que evaluar el desempeño de sus gobernantes.
Por lo tanto, el proceso actual de revocación de mandato en México, no debe ser viciado por actores que den espacio a la descalificación, por actos que no abonan a la certeza, el reto es que en adelante los procesos técnicos tengan el mayor consenso posible para abonar a la credibilidad.
